Venezuela enfrenta el dilema del destino de millones de toneladas de escombros tras el doble terremoto
Más de dos semanas después del doble terremoto, cuando todavía flota polvo en la zona cero en medio de llantos que todavía no abren paso al duelo por los 4118 muertos, el Gobierno provisional de Venezuela descartó entierros en fosas comunes. Se ha habilitado el cementerio de La Esperanza de La Guaira, a 30 kilómetros de Caracas, para la sepultura individual de las víctimas de la tragedia. Cada ataúd se ubica uno al lado de otro en parcelas delimitadas y, en varios casos, con una cruz blanca que posee un código alfanumérico. La leyenda «Identificación especial» informa que puede ser el hombre o la mujer que sus familiares todavía están buscando. El destino de los cuerpos parece haber encontrado una respuesta provisional. Queda por ahora en el aire un interrogante de mayores dimensiones: cómo se gestionarán los escombros de los edificios que se desplomaron el pasado 24 de junio. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), han calculado que el seísmo ha repartido en el territorio unos 17 millones de toneladas de ruinas.
[–>[–>[–>La divulgación en X de imágenes de un camión de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que descargaba desechos a la orilla de una playa en La Guaira ha activado la alarma de los ecologistas. Otras denuncias de ese tipo circularon en las redes sociales. El desastre urbano podría abrir las puertas de otro que afecte la biodiversidad de esa región. Usar el mar como un gran basurero, señaló la conservacionista Karen Brewer-Carías, supone una amenaza para la fauna marina, el envenenamiento del ecosistema y una erosión de la costa. «Muchas veces se hace porque parece lo más fácil, pero no será beneficioso para las comunidades. Esto va a modificar nuestra costa«.
[–> [–>[–>Fotografía que muestra escombros en la orilla de la playa este lunes, en La Guaira (Venezuela). / RONALD PEÑA R / EFE
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En entrevista al portal Efecto Cocuyo, Brewer-Carías remarcó que ese proceso de deterioro no es inmediato sino largo y complejo: compromete seriamente a generaciones futuras. El yeso y el concreto no se van, comenzarán a cubrir los corales, alterando sus simbiosis. «Y si a las algas no les llega luz solar, se mueren, se mueren los corales y se desplazan las especies. Es decir, van a cambiar los patrones de migración de los peces de los que muchos dependen para su subsistencia».
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Potencial amenaza
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Existe además, de acuerdo con la especialista, un riesgo químico en ciernes. Los escombros de las edificaciones modernas son algo más que roca inerte ya que contienen sustancias tóxicas como plomo, pinturas y restos de combustibles que, al entrar en contacto prolongado con el agua salada, se diluirán. «Cambiaría la bioquímica de todo el lugar, el PH del agua, cómo se comportan los organismos que están ahí. Esto se nos va a convertir en un problema de bienestar común y calidad de vida». Las autoridades no han dicho nada al respecto por el momento y esa es, para Brewer-Carías, una potencial amenaza. «No se están adelantando a los problemas, están esperando a que lleguen y los rebasen». El traslado de semejante cantidad de desechos debe hacerse en un lugar temporal mientras se piensa en una resolución definitiva, lejos del mar.
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Una máquina recoge escombros el pasado lunes, en La Guaira. / RONALD PEÑA R / EFE
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El coordinador general de Clima 21, Alejandro Álvarez, coincide con ese razonamiento. Los restos deben ser clasificados y procesados. «Un edificio que se cayó tiene una cantidad de elementos que hay que separar: hierro, concreto, entre otros. El concreto separado se tritura y sirve como base en carreteras, el metal se reutiliza». Y si bien la prioridad de las autoridades interinas debe centrarse en los supervivientes y demás afectados por el doble terremoto, no se pueden perder de vista estos desafíos.
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Venezuela no cuenta con un protocolo que le permita regular la gestión de residuos tras una catástrofe. Sin embargo, ha suscrito el Convenio el Convenio para Protección y Desarrollo del Medio Marino de la Región de Gran Caribe y el Convenio de Londres sobre la prevención de la contaminación del mar por vertido de desechos y otras materias. El Gobierno, insisten los especialistas, podría seguir el ejemplo chileno, donde una normativa prohíbe mezclar escombros: los reciclables se clasifican en el sitio, los peligrosos se encapsulan en depósitos de seguridad especiales y el hormigón limpio se tritura para ser reutilizado en construcción. Japón, otro país con cultura sísmica, tiene un Tratamiento de Desechos en Áreas Amplias que podría servir de ejemplo.
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[–>Sin recursos económicos
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Todo esto cuesta mucho dinero y Venezuela no lo tiene. Sus recursos públicos eran limitados antes del desastre. Ahora no solo hay que decidir el destino de los escombros sino los tiempos de una reconstrucción con cifras puntuales: 190 edificios colapsados por completo. Los edificios dañados son 856 y 17.907 ciudadanos se quedaron sin vivienda o con afectación severa.
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Trabajos de remoción de escombros en edificio derrumbado en Taraguarena, en el estado La Guaira. / MIGUEL MEDINA / AFP
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La «presidenta encargada», Delcy Rodríguez, ha iniciado gestiones internacionales para rescatar recursos financieros que fueron congelados como consecuencia de la batería de sanciones internacionales que apuntaron contra el Gobierno de su antecesor, Nicolás Maduro. «He decidido enviar una carta, entre otros, al rey de Inglaterra, para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto». Rodríguez agradeció la «comprensión» del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Venezuela espera que el organismo libere activos bloqueados. «Mi mayor alegría será cuando le demos respuesta a su situación habitacional», dijo la mandataria interina.
[–>[–>[–>EEUU ha suspendido tres meses las sanciones. Washington comprometió más de 300 millones de dólares en asistencia directa. Con eso no alcanza. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha estimado que los daños directos equivalen a 6.700 millones de dólares, lo que representa el 8,5% del PIB venezolano. Otros especialistas llegan a triplicar esos números. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, reclamó una flexibilización de las medidas coercitivas. «Es importante que tengamos excepciones humanitarias, que nada de lo que necesitemos para el apoyo humanitario esté sujeto a sanciones».
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