Víctor de Aldama se calla en Canarias
Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama corrupta de mordidas en las compras de material sanitario durante la pandemia que es el germen del llamado ‘caso Koldo‘ y defraudador confeso del ‘caso hidrocarburos’, se ha quedado mudo en el Parlamento de Canarias. Asistido por su letrada, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación sobre las presuntas compras irregulares de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia.
“No es lo mismo hablar en un plató de televisión o en los micrófonos de una radio que en una comisión de investigación, donde está obligado a decir verdad”, resumió el diputado nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez.
Una tesis que fue compartida por la socialista Nira Fierro, cuando recordó que “si usted aquí continúa diciendo las calumnias e infamias que ha dicho en todos los lados sobre Torres estaría incurriendo en un delito tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal porque usted no ha aportado ni una sola prueba de sus acusaciones”. Un artículo que reza que cualquier convocado ante una comisión parlamentaria de investigación que “faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.
La gran expectación mediática y política que había despertado la comparecencia de De Aldama se convirtió en un jarro de agua fría y el desencanto se trasladó a la voz de los diputados, que se quedaron con las ganas de conocer más detalles sobre anteriores afirmaciones del empresario que señalaron directamente al expresidente de Canarias y actual ministro Ángel Víctor Torres.
Máxime porque, pese a su silencio de este jueves, en varios medios de comunicación De Aldama señaló la reforma del edificio Royal, en Las Palmas de Gran Canaria, como una de las adjudicaciones a las constructoras próximas a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, además de asegurar que Torres solicitó una ‘mordida’ de 50.000 euros que él se negó a abonar y que puso a disposición del ahora ministro de Política Territorial un inmueble en la calle Atocha «para encuentros de diversa naturaleza». Estas acusaciones fueron negadas por el propio Torres, que además, amplió la demanda que ya había interpuesto contra el empresario: «Mi agenda era pública y ahí están todas mis salidas para venir a Madrid y mis entradas y mis salidas de los hoteles pertinentes».
En el limbo ha quedado desvelar si el presunto comisionista conocía al ministro Torres, si el exministro Ábalos facilitó el contacto con el Gobierno canario que permitió al delegado de Soluciones de Gestión S.L, Íñigo Rotaetxe, contactar con el entonces director del Servicio Canario de Salud (SC), Antonio Olivera, para suministrar 2,7 millones de mascarillas en abril de 2020.
Tampoco se sabrá a qué se refería cuando mandó un mensaje por WhatsApp a Koldo -incluido en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- en el que se aseguraba que Torres “nos debe una grandísima”, lo que a juicio del conservador Fernando Enseñat y del nacionalista Díaz-Estébanez significa que el empresario habría utilizado al ex asesor de Ábalos como intermediario para agilizar los pagos por las mascarillas por parte del gabinete del ‘pacto de las flores’. Es más, para el nacionalista la respuesta del empresario cuando se le comunicó
“Hay silencios muy reveladores, y el suyo lo es”, concluyó Díaz-Estébanez.
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