Inyectar 2.800 millones de euros para la construcción de vivienda pública asequible De cara a los próximos cinco años parece una gran noticia sobre el papel. Y aunque la cantidad debería permitir avanzar en el objetivo del Gobierno de construir un gran parque público de este tipo de viviendas, lo cierto es que el sector inmobiliario, sin desdeñar el esfuerzo económico que supone, también advierte de que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 donde se recaudan estos fondos -y que está dotado con 7.000 millones en total- no aborda una cuestión que está en la raíz del problema de la vivienda en España: la escasez de tierras finalistas en el que construir esas casas.

El suelo existe físicamente. Y, de hecho, hay millones de viviendas previstas. Pero la mayoría está paralizada. Según datos del Sistema de Información Urbanística del Ministerio de Vivienda analizados por la Universidad de Las Hespérides, en este momento existen 6,9 millones de viviendas pendientes de desarrollar en España.

Si estas viviendas no se construyen es por los problemas de fabricación del suelo definitivo, el destinado a edificación residencial, que existe en España. Muchos están incluidos en Planes urbanos que se han quedado obsoletos. y que no cumplen la normativa vigente debido a la lentitud administrativa en desarrollarlas –el 2,5% son anteriores a 1977–, mientras que otras están en planes bloqueados ahora mismoen muchos casos por cuestiones menores que la actual Ley del Suelo no permite corregir sobre la marcha.

Por eso, como el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén«Sin el desbloqueo de la Ley de Suelo no cabe la pieza del Plan Estatal, ni ninguna otra relacionada con la vivienda. «En este momento, desbloquear la Ley de Suelo es lo prioritario y fundamental».

Es necesario, insistieron también los empresarios de los promotores, APCSEspaña«Continuar habilitando suelo y modificar urgentemente «la normativa urbanística de nuestro país, que dificulta -e incluso paraliza- los desarrollos urbanísticos durante una media de 16 años. El verdadero reto es recuperar la seguridad jurídica e impulsar políticas de vivienda que activen el desarrollo del suelo, que reduzcan las trabas administrativas que supone el proceso de promoción y que permitan un aumento sostenido de la producción en todo el territorio para acabar con el actual déficit habitacional», señala la patronal en una valoración del plan.

La esperada modificación de la Ley del Suelo por parte del sector juega un papel fundamental en estas reclamaciones porque permitiría resolver aspectos como la anulación de todo el planeamiento urbanístico por defectos menores que pueden corregirse fácilmente mientras avanza el proyecto, lo que permitiría destapar el «cuello de botella» que supone el suelo y que lleva a que algunos terrenos tarden en ocasiones hasta veinte años en desarrollarse para habilitarlos para la construcción de viviendas.

Según datos que maneja APCEspaña, actualmente existen casi Un centenar de municipios españoles afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos. Este es un dato muy revelador, sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos poblacionales, en estos municipios afectados hay una población de casi cuatro millones de personas.

idas y venidas

Aunque hace un par de años el sector barajó la posibilidad de que se aprobara la modificación, el enfrentamiento entre PP y PSOE lo impidió. En mayo de 2024, el PSOE presentó una reforma que contó con el visto bueno del sector pero que retiró antes de poder siquiera debatirse para evitar una derrota parlamentaria que parecía casi segura por el rechazo del PP y Vox y sus propios aliados justo después del revés que sufrió otro proyecto de ley para prohibir el proxenetismo.

La retirada del proyecto cayó como una bomba entre el sector. Sobre todo, por la incomprensión que provocó que el PP no la apoyara y luego presentara en el Senado una alternativa muy similar que incluía, sin embargo, una línea roja difícil de aceptar para los socialistas: la retirada de aspectos de la Ley de Vivienda como las zonas de alquiler estresado.

Este proyecto finalmente fue aprobado en la Cámara Alta gracias a la mayoría que tiene el PP. Y ahora, tras permanecer bloqueado durante meses en la Cámara Baja, ha comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados como un proyecto de ley, que ha sido tomado en consideración con los votos a favor de PP, Vox y Junts. Anteriormente, el Gobierno renunció a su reforma, que se había comprometido con Bruselas para recibir fondos Next Generation, a cambio de la creación de la controvertida empresa de vivienda pública Casa 47.

Para Santiago Calvo, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Las HespéridesSin embargo, está por ver si el intento del PP saldrá adelante debido a los aspectos de la Ley de Vivienda que prevé derogar. «Cada partido tiene sus propios intereses y por eso es difícil avanzar», afirma.

Fernández Alén ve necesario que la vivienda se haya convertido en el centro del debate, pero lamenta que se haya convertido en un arma de guerra partidista, máxime cuando es la principal preocupación de la ciudadanía y cuyo diagnóstico comparten los principales grupos políticos. Por ello, pide un mayor entendimiento entre las partes. «No es aceptable que se tarde más en obtener una licencia que en realizar una obra», advierte el presidente de la patronal de la construcción.