CÁNCER DE MAMA ANDAUCÍA | La asociación Amama registrará al menos 150 demandas individuales ante la Junta de Andalucía por los cribados
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Amama, ha reunido ya 150 casos de personas que han sufrido las consecuencias de los fallos del cribado del Servicio Andaluz de Salud. Ahora, se prepara ya para dar el primer paso en la vía administrativa y judicial: formalizar reclamaciones por daños patrimoniales individuales ante la Junta de Andalucía para que esta reconozca los daños causados y acepte una indemnización. Si no hay acuerdo, recurrirán a la vía contencioso administrativo. De momento, se descarta, por tanto, una demanda colectiva.
[–>[–>[–>De acuerdo con la ley, primero se deben presentar reclamaciones patrimoniales individuales ante la Junta, que es la administración como responsable de los daños que se hayan podido producir a las mujeres por los fallos en los cribados. Entonces, la Junta tiene un tiempo máximo de seis meses para decidir si responde a las reclamaciones. En el caso de que el Gobierno andaluz acepte una indemnización a las víctimas, estará en manos del abogado de esta asociación y las afectadas decidir si aceptan la compensación económica o si, de lo contrario, recurren a la jurisdicción contencioso administrativa. Si la Junta no respondiera en esos seis meses, la Asociación Amama iría directamente a los Tribunales. Ese el paso que la asociación Amama ha iniciado según ha adelantado Cadena Ser y ha podido confirmar este periódico.
[–> [–>[–>Hace 15 días, miembros de la Asociación Amama y su abogado, Manuel Jiménez, se reunieron con más de 60 mujeres afectadas para decidir cuáles serían los próximos pasos si decidían iniciar un proceso legal. Al término de la reunión convocaron a los medios de comunicación en su sede en Sevilla para confirmar que estaban dispuestas a interponer una denuncia. Ese día se supo que iban a iniciar un proceso judicial, pero se desconocía cómo: si a través de una demanda colectiva en nombre de la entidad o con demandas individuales. Durante estas últimas dos semanas Jiménez ha estudiado «uno a uno» los casos que ha ido recibiendo la asociación para determinar qué acciones legales se van a llevar a cabo.
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La Fiscalía investiga los retrasos y el «borrado» de pruebas
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A día de hoy, ya hay dos investigaciones en curso: por una parte, la Fiscalía Superior está analizando los defectos del proceso después que el Defensor del paciente elevara una denuncia horas después de que se destapara el caso de los retrasos una denuncia a la que se sumaron IU o Adelante Andalucía. En paralelo, la Fiscalía de Sevilla está analizando lo relativo al presunto «borrado y manipulación» de las pruebas médicas de ClicSalud y Diraya. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lo desmintió tajantemente. Al rato, la Junta admitió una «desaparición temporal» de las pruebas diagnósticas alegando una «caída del sistema informático» que se restableció ese mismo día.
[–>[–>[–>La crisis del cribado ha motivado a los partidos de izquierdas a poner una denuncia contra el Gobierno andaluz. En primer lugar, en la denuncia de Izquierda Unida se señala que los hechos acontecidos apuntan «indiciariamente la comisión de múltiples delitos», como «homicidio imprudente en comisión por omisión», «lesiones imprudentes en comisión por omisión» y «omisión del deber de prestar servicios sanitarios». Respecto al primero de los supuestos «delitos», se señala en la denuncia que, de los hechos relatados, se puede desprender que, debido a «un fallo sistémico en la gestión sanitaria» no se ha realizado el seguimiento adecuado en los casos catalogados como «no concluyentes» o «dudosos» en el programa de cribado de cáncer de mama.
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Adelante Andalucía llevará el caso ante el TSJA. La formación ya pidió una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, rechazada por la mayoría absoluta del PP. En concreto, los andalucistas apuntan a la ex consejera de Salud, Rocío Hernández, pero al igual que Izquierda Unida, también señalan a Catalina García, responsable de Salud hasta el verano de 2024; a la número dos del ramo, Luisa Moral, y la gerente del SAS, Valle García.
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[–>Ángel Gabilondo: «Es una situación desastrosa»
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El anuncio de las demandas de Amama coincide con las declaraciones del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha expresado este martes su «solidaridad absoluta» con las mujeres afectadas, una situación «desastrosa». Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, en las que ha destacado que por este asunto está en permanente contacto con el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, quien ha abierto una investigación de oficio.
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«Nos preocupa enormemente», ha asegurado Gabilondo, quien ha recordado que en julio de 2024 se hizo una solicitud al Ministerio de Sanidad para que se atendieran las listas que había al respecto y ha hecho hincapié en que «esto hay que organizarlo un poco mejor».
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