A diferencia de otros impuestos, este no se aplicará en todo el territorio nacional, ni siquiera de forma independiente. Cada ayuntamiento tendrá la última palabra a la hora de decidir si lo pone en marcha, de qué manera, en qué ámbitos y con qué criterios. Todo indica que las ciudades más grandes (Madrid, Barcelona, ​​Valencia o Sevilla) serán las primeras en moverse. Precisamente estos son los lugares donde las ZBE están más consolidadas y aún así hay problemas con los niveles de contaminación.

De este lado, Los concejos municipales podrán establecer sus propios impuestos. para circular o acceder a determinadas zonas. En la mayoría de los casos, abarcará los coches de más de diez años, especialmente gasolina y diésel con etiqueta B o C, aunque la norma deja la puerta abierta a incluir también los coches ECO.

El Gobierno justifica la medida incluida en la Ley de Movilidad Sostenible como un paso necesario para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Pero hay que mirar más alto, porque España está comprometida con alcanzar los objetivos europeos de descarbonización y el transporte representa casi un tercio de las emisiones totales.

Sin embargo, los expertos ya lo advierten El impacto fiscal podría ser mucho mayor que el impacto ambiental.sobre todo si las tarifas no van acompañadas de mejoras en el transporte público o ayudas concretas para renovar el parque de vehículos. El resultado debería ser un modelo más flexible, pero también desigual. Al dejar la decisión en manos de los ayuntamientos, probablemente entrará en juego la guerra entre los partidos políticos y la posición que ya mantiene cada uno de ellos frente a las ZBE.