«Estoy a punto de terminar. Mi mandato termina a principios de marzo» informó el pasado martes el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cristina herreroen la Comisión del Pacto de Toledo.

Luego de la polémica del INE, donde recientemente Nadia Calviño ha reconocido su intermediación en el PIB en un tiempo que acabó con la salida del presidente de esta institución, y después de poner José Luis Escrivá al frente del Banco de España, llama la atención que La AIReF es el único organismo público que se atreve a criticar abiertamente al Gobierno en este momento. Sin embargo, dentro de unos meses su presidencia está a punto de ser renovada.

Como recordó su propia presidenta, con la comparecencia de esta semana es la segunda vez que Herrero comparece en el Pacto de Toledo desde que comenzó su mandato en 2020. Desde su primera comparecencia, ese mismo año, El Gobierno ha aprobado importantes reformas de las pensiones. El más importante fue el reforma introducida por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escriváen el año 2023.

La reforma de Escrivá

Vale recordar que la base de la reforma de Escrivá está en subir impuestos sin reducir ni un euro de gasto del sistema. Entre los diferentes golpes fiscales a la economía productiva para pagar las pensiones que viene introduciendo el Gobierno, se encuentra el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que cada año eleva más las aportaciones a los más de 21 millones de trabajadores y empresas del país. También existe la «cuota solidaria», que implica gravar parte del salario no sujeto a cotizaciones en este momento (porque supera la base máxima) y, además, otro golpe a los salarios altos consiste en aumentar cada vez más las bases de cotización.

Desde entonces, La AIReF ha emitido diferentes opiniones sobre la sostenibilidad, contributividad y suficiencia del sistema. Además, ha abordado la «cláusula de cierre» de las pensiones, para la que requería un informe de esta institución y, En teoría, podría poner en aprietos al Gobierno de Pedro Sánchez ante Bruselas.

El Gobierno no convenció a Bruselas

El motivo de la cesión a la AIReF es que Las cuentas del Gobierno no convencieron a Bruselaspor lo que el Ejecutivo se vio obligado a incluir una «cláusula de cierre» que la AIReF tendría competencia para activar «a partir de marzo de 2025, con carácter trianual».

Para ello, se estableció una regla de gasto que, entre 2022-2050, El gasto neto y medio en pensiones no puede superar el 13,3% del PIB en España. La norma establece umbrales del 15% del PIB en gastos y del 1,7% en ingresos (la diferencia es del 13,3%). «Por el lado del gasto, la AIReF toma el gasto en pensiones del último Informe sobre Envejecimiento de la Comisión Europea, por lo que tiene poco que hacer. Por el lado de los ingresos, la AIReF sí tiene que hacer una valoración, pero utilizando las hipótesis del Informe de Envejecimiento”, explicó Cristina Herrero.

Finalmente, «hay una cláusula de cierre que significa que, si no se cumplen esos objetivos, el Gobierno tiene que presentar medidas de gasto e ingresos, que ahora la AIReF puede evaluar. Después, el Gobierno tendría que enviar sus propuestas a esta Comisión y ésta tendría que dar lugar a un proyecto de ley que se envía al Parlamento». Si no se llega a un acuerdo, habrá un aumento automático de los precios». Herrero recapituló. Esta subida de las cotizaciones podría interpretarse como un fracaso de la reforma de Escrivá.

El examinado, contra el examinador.

Pero en 2025, cuando debía realizarse la primera evaluación, El Ejecutivo decidió obstaculizar el examen de la AIReFcomo ya publicamos en Mercado libre. En otras palabras, El examinado fue quien dio las instrucciones al examinador. para realizar el análisis, que fue muy controvertido.

«Por real decreto, el Gobierno nos dijo que las transferencias (del Estado) debían contarse como ingresos del sistema público de pensionesy no sólo las comillas. Además, nos dijeron que no sólo teníamos que evaluar medidas de ingresos con impacto directo en el sistema, entonces también teníamos que evaluar medidas de reforma laboral que puedan, indirectamente, implican un aumento de las cotizaciones. Por el lado del gasto, confirman que el Ageing Report está retrasado en el tiempo y que hubo que actualizar los datos. El Ministerio de la Seguridad Social tuvo que enviarnos una nueva serie…”, recapitula Herrero.

Hartos de la AIReF

En marzo, la AIReF hizo esta evaluación con las nuevas normas del Gobierno y a esta institución no le quedó más remedio que darle vía libre al Gobierno (no obligó al Ejecutivo a tomar medidas, pero sí lanzó muchas críticas). Por ejemplo, «En nuestra opinión, las transferencias no deberían haberse incluido» Señaló Herrero el martes. Este detalle «es una de las cosas más controvertidas», añadió.

Cristina Herrero siguió acusando otros aspectos del examen manipulado del Gobierno «Si lo que pretendemos es evaluar la sostenibilidad del sistema de pensiones, no nos gusta». Para el experto, El gasto en pensiones también está subestimado.. Asimismo, vaticinó que «será necesario un recurso creciente» de las transferencias que el Estado al sistema y criticó la confianza depositada en el Informe de Envejecimiento de Bruselas, «que no son más que supuestos e hipótesis que se acuerdan entre los diferentes estados».

«Nos dicen lo que tenemos que hacer»

Todo ello, según Herrero, «reduce la capacidad de supervisión independiente de la AIReF. Nos dicen lo que tenemos que hacer. Tenemos que coger los gastos sin poder decir nada, tenemos que evaluar los ingresos, pero con la metodología de la Comisión, y esa disminución ya se ve agravada por la reforma» del Gobierno de Sánchez. «Para eso, perdónenme, no hace falta la AIReF. Lo puede hacer el propio Gobierno o la Comisión Europea», afirmó.

Cristina Herrero insistió en que, pese al resultado del informe, «La visión de la AIReF sobre el sistema de pensiones no ha mejorado respecto al diagnóstico de 2023, año en el que habría sido necesario adoptar medidas según la regla de gasto en pensiones. «De hecho, es peor», añadió. En definitiva, «su cálculo presenta debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal», añadió.

Y la intromisión del Gobierno en el examen de la AIReF no acaba aquí. El pasado mes de julio, también por real decreto, el Gobierno incluyó una modificación «para que la AIReF elabore un informe adicional antes del 1 de junio de 2026 para tener en cuenta los principales choques en los datos macroeconómicos definitivos de los últimos años y disponer de datos suficientes para evaluar las reformas económicas. En este sentido, cabe destacar las importantes revisiones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística sobre los datos del PIB de los años 2022 y 2023, revisiones que han sido generalizadas en los países de nuestro entorno y recogidas por EUROSTAT», incluye el BOE.

La paciencia de esta institución ha llegado al límite, y Herrero se niega a volver a realizar una evaluación el año que viene en los términos propuestos por el Gobierno. Por tanto, «es difícil acomodar este cometido en el ámbito de un supervisor fiscal, que se financia por todas las Administraciones Públicas a través de una tasa que pagan», ha apuntado. Entonces, Herrero valora un «uso privado de nuestros recursos» por el Gobierno y reclama «libertad para decidir el calendario de emisión de esta evaluación y la metodología». Por tanto, «si se encarga una evaluación, la AIReF informará cuándo puede hacerla y cuál es la metodología», afirmó.