El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado a dos años de inhabilitación por revelar secretos en el caso de la compañera de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El gobierno ya se ha pronunciado. Félix Bolaños, ministro de Justicia, defendió que el Ejecutivo no “comparte” la sentencia. Afirma que «el Gobierno tiene el deber de respetar la decisión», pero también «el deber moral» de decir «que no la comparte».

Destaca que el poder judicial «se ha pronunciado y resuelto el asunto». “En los próximos días pondremos en marcha el mecanismo para la designación de un nuevo Fiscal General”, enfatizó Bolaños.