La Comunidad de Madrid ha decidido abandonar el Consorcio Casa Árabe tras el informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona la gestión de la institución durante los años 2023 y 2024, coincidiendo con la mandato de Irene Lozano, exdiputada socialista, al frente de la organización.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que permanecer en el consorcio representa, en las circunstancias actuales, un riesgo financiero y jurídico incompatible con el interés general de la Comunidad de Madrid.

La decisión ha sido comunicada oficialmente a través de un carta enviada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes al director general de Casa Árabe, en nombre de la presidenta madrileña a la que ha tenido acceso este periódico.

En la carta, el Gobierno regional afirma que la salida responde a una «reflexión profunda y responsable» sobre una gestión que arrastra «Dinámica incompatible con los principios que rigen nuestra administración».

La carta subraya que el reciente informe del Tribunal de Cuentas confirma las dudas que la Comunidad de Madrid había expresado en los últimos años sobre el funcionamiento de la institución.

Un análisis que, según el Ejecutivo regional, ha repercutido directamente en la credibilidad de la organización y ha puesto de manifiesto la falta de garantías suficientes para asegurar una gestión transparente y acorde con los estándares exigidos a una entidad pública.

Desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes han precisado a EL ESPAÑOL que la salida del consorcio es una decisión «legalmente fundada y políticamente responsable». Mantener la participación, sostienen, significaría una exposición injustificada a riesgos financieros y legales contrarios a la normativa vigente y a la obligación de proteger los fondos públicos.

Según publica este diario, el Tribunal de Cuentas detectó déficits recurrentes en los presupuestos aprobados por el Consejo de Gobierno de Casa Árabe, que han sido cubiertos con el uso del resto de tesorería, así como un aumento de los gastos de personal con «deficiencias notables» en el control y la gestión, especialmente en los puestos directivos.

El organismo supervisor señaló también la ausencia de un sistema de control interno eficaz y la falta de supervisión por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Inspección de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Comunidad de Madrid considera que este descontrol vulnera la normativa básica del sector público estatal y señala, en definitiva, bajo la responsabilidad del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

A juicio del Ejecutivo regional, la persistencia de los déficits, la opacidad en la gestión, la ausencia de controles efectivos y la falta de viabilidad económica constituyen causas objetivas que justifican la salida del consorcio.

Pese al quiebre institucional, el Gobierno de Madrid asegura que mantiene su compromiso con la cooperación cultural y ofrece una salida ordenada, así como apoyo técnico durante el proceso de transición, sin renunciar a la colaboración en proyectos de interés común.

Además, la Comunidad de Madrid exige que el Gobierno central asuma inmediatamente su responsabilidad de control y supervisión y certifique el cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

Estos incluyen la implementación de un sistema formal de control interno, la actualización de manuales de organización y contratación, la mejora de la transparencia y publicidad activa, el fortalecimiento de la supervisión de la IGAE y la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de la institución.

La salida del Consorcio Casa Árabe de Madrid se produce en medio de un debate político tras la publicación del informe del Tribunal de Cuentas, que cuestiona la existencia de posiciones a medida y La falta de rastro documental en determinados contratos durante la etapa de Irene Lozano..