En un comunicado, el Ministerio de Pablo Bustinduy informa que ha enviado un primer requisito para reservar para informar a la multinacional que había detectado publicidad que violó la ley en su plataforma con respecto a este tipo de vivienda.

«Con esta acción, el consumo ha dado otro paso en su lucha contra la publicidad ilegal de los pisos turísticos», dice Bustnduyquien ha comentado que esta lucha es decisiva para «poner fin a la proliferación indiscriminada de este tipo de alojamiento».

En opinión de Bustinduy, esta es una de las causas detrás de las dificultades en el acceso a la vivienda sufrida por miles de personas actualmente en España, especialmente en áreas que reciben una mayor afluencia de turistas como las Islas Canarias.

Además del archipiélago, la reserva también ha eliminado anuncios ubicados en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha.

Esta acción se produce una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apoyara por segunda vez la orden que el Ministerio de Consumidor impuso a la Airbnb multinacional para retirar más de 65,000 anuncios ilegales.

Para el consumo, ambos anuncios ilegales eliminados por la reserva y denunciados a Airbnb, cometen una de las tres posibles infracciones.

La primera es que los anuncios no incluyen la licencia o número de registro, algo obligatorio en varias regulaciones regionales, lo que significa la infracción más común en la publicidad que se ha analizado.

En segundo lugar, los anuncios no indican la naturaleza legal de los propietarios, por lo que se desconoce si los propietarios son profesionales o particulares. Para el ministerio, es «un problema fundamental saber si quién contrata está protegido como un consumidor o no».

Y, en tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los emitidos por las autoridades, una práctica que «puede inducir error o engaño» a los consumidores.