Donald Trump no deja de insistir en que su gobierno controla Venezuela, y que se están entendiendo muy bien con quien asumió las riendas del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses. Delcy Rodriguez. Si bien este viernes se anunció una reunión en la Casa Blanca con representantes de las petroleras para hablar sobre el país sudamericano, a la que Caracas supuestamente envió dos delegados, Personal norteamericano llegó a la capital venezolana.

El Departamento de Estado confirmó a LA RAZÓN que personal diplomático y de seguridad de Estados Unidos, adscrito a la Unidad de Asuntos Venezolanos (VAU) -que opera en Colombia- llegó a Caracas para «realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones de su embajada» en Venezuela. En la misión se encuentra el encargado de negocios del país, John McNamara.

La visita de McNamara genera expectativas de una normalización de las relaciones entre Washington y Caracas, que rompieron formalmente relaciones en 2019, cuando Nicolás Maduro acusó a la primera Administración Trump de ser detrás de la juramentación de Juan Guaidó como «presidente en funciones» entonces. En ese momento también ordenó la expulsión del personal que permanecía en la embajada.

Poco después, la Cancillería venezolana emitió un comunicado confirmando la llegada de personal estadounidense y anunció que enviaría funcionarios venezolanos a hacer lo mismo en Washington. «El gobierno ha decidido iniciar un proceso exploratorio diplomático encaminado al restablecimiento de misiones diplomáticas en ambos países», se lee en la carta.

Según el comunicado, el asunto busca «atender las consecuencias derivadas del ataque y secuestro del presidente y la primera dama». El texto reitera la denuncia de que el país «fue víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal» pero se ahorra señalar quién lo ejecutó. El 4 de enero, un día después del ataque militar estadounidense en Caracas, Donald Trump dijo que su administración estaba evaluando reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas. «Nos pidieron que lo hiciéramos», dijo a los periodistas en el Air Force One.

Liberación de prisioneros

Mientras tanto, en Venezuela la liberación de «un grupo importante» de presos políticos anunciada por Jorge Rodríguez no ha tenido una ejecución evidente, al menos hasta pasado el mediodía de este viernes.

La reapertura de misiones diplomáticas podría restablecer la presencia consular venezolana en Estados Unidos y ayudar Nicolás Maduro y su esposa Cilio Flores, encarcelado en Nueva York. Durante la primera audiencia ante el juez, Maduro solicitó asistencia consular -y fue aprobada- pese a que el consulado en esa ciudad permanece cerrado formalmente.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó la liberación de 11 personas, «lo que representa menos del 1% del total de personas privadas injustamente de libertad por motivos políticos. Recordamos que hasta ayer habíamos identificado al menos 1.011 personas detenidas», indicó. La ONG Foro Penal, por su parte, afirmó haber registrado sólo 8 liberaciones, ya que las demás personas ni siquiera calificaban como presos políticos.

Él Comité por la Libertad de los Presos Políticos Reiteró la información sobre las liberaciones y añadió la del ciudadano italiano. Luigi Gasperínquien estuvo detenido poco más de tres meses en lugar desconocido.

Hasta el amanecer estuvieron esperando afuera del Helicoide y otras prisiones con familiares de presos que se acercaron con la esperanza de abrazar a sus seres queridos. Pero muchos se marcharon con las manos vacías. Otros dijeron que permanecerían en constante vigilia.

400 beneficiarios

El jueves por la noche el ex candidato presidencial Enrique Márquez y el ex diputado Biagio Pilieri Fueron entregados a sus familias. Fueron las dos únicas liberaciones de alto perfil durante la jornada en las que se especuló que hasta 400 personas podrían beneficiarse y comenzaron a circular listas de nombres de quienes estaban a punto de ser liberados, entre ellos el yerno de Edmundo González, quien aspira a ser reconocido como el presidente electo del país.

Pero Mariana González de Tudares, esposa del detenido, visitó varios centros de detención para buscar información, y no la obtuvo. Su marido fue encarcelado hace un año y condenado en noviembre a 30 años por «traición» sin haber tenido acceso a abogados ni a visitas familiares.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó que existe una «actitud de indiferencia institucional» contra los familiares, pues los funcionarios afirman desconocer las órdenes de liberación y se niegan a brindar información sobre las mismas.

“Persiste la opacidad institucional, la represión política, la falta de boletas, la falta de comunicación y decisiones arbitrarias, como anunciar visitas en Rodeo I y Ramo Verde mientras se suspenden en Tocorón sin explicación pública”.