COMUNITAT VALENCIANA | La jueza procesa por seis delitos de corrupción al teniente coronel interventor de la Guardia Civil por el desvío de más de 130.000 euros
Más de 130.000 euros escatimados al erario público a través de las arcas de la Guardia Civil a lo largo de casi cinco años. Con un propósito: el enriquecimiento personal gracias a un entramado de «corrupción sistémica» que se basaba en hinchar costes de obras en dependencias del Instituto Armado para luego desviar ese dinero hacia la compra de inmuebles, su reforma integral o la mejora de las viviendas de sus familiares. Y así, desde el inicio de 2018 hasta finales de 2022, el único periodo analizado.
[–>[–>[–>Son las conclusiones expuestas por la magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València en el auto de procesamiento dictado este lunes, 20 de julio, contra el considerado líder de la trama, el teniente coronel del Ejército de Tierra Miguel Ángel E. T., que durante casi dos décadas fue el interventor jefe de la Guardia Civil para toda la C. Valenciana, y otras 13 personas. La jueza habla de «indicios serios de criminalidad» de seis delitos graves de corrupción.
[–> [–>[–>La magistrada, que ha basado su auto en las investigaciones llevadas a cabo tanto por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, la gran perjudicada por las supuestas acciones criminales de los investigados, como por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), requerida por el juzgado, expone todas las ramas del entramado: desde los sobrecostes aplicados a pequeñas obras en cuatro dependencias oficiales realizadas todas ellas por un mismo albañil -su denuncia al verse acorralado destaparon el fraude y dio inicio a la investigación en diciembre de 2021-, como los detectados en una cascada de contratos de obras menores de los que se beneficiaron una serie de contratistas que luego fueron quienes, sin percibir dinero o pago alguno por esos trabajos -que se haya podido demostrar-, rehabilitaron por completo tres propiedades en ruinas que el principal investigado compró en Siete Aguas -creen la jueza y la Fiscalía anticorrupción que pagando en metálico con el dinero de las mordidas-. Uno de esos inmuebles fue puesto a la venta, una vez reformado, por ocho veces su valor de compra.
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Como ya hicieron los investigadores del SAI y de la AVAF, la jueza sitúa a la cabeza de la trama al teniente coronel, y como principales beneficiarios, al propio E. T., que el pasado viernes trató de desacreditar al SAI en su declaración voluntaria en el juzgado, a su empresario de ‘cabecera’, Carlos G. M., a través de cuyas dos empresas se canalizaban las facturas -muchas de ellas con fraccionamiento de los pagos para sortear controles- y el yerno de este último, Rubén M. F., que junto a la hija del empresario, Blanca G. M., administraba una de esas dos mercantiles.
[–>[–>[–>Gráfico elaborado por la EFS para representar el incremento de valor de una de las propiedades compradas en Siete Aguas. / Guardia Civil
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La madre del militar, la hija del empresario…
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Y lo dice porque, además de la rehabilitación de las propiedades de E. T. en Siete Aguas, la jueza considera que tiene acreditado que parte de los fondos públicos desviados fueron a parar a la reforma de otras dos propiedades de familiares tanto del militar como de su amigo y contratista principal: 16.659 euros los invirtió Carlos G. M., al parecer, en la reforma del chalé de su hija, en Paterna, y una cantidad que no está especificada en el auto pero que aportó el constructor en su comparecencia en el juzgado sirvió para acondicionar la «residencia de la madre» del teniente coronel, en un municipio de Madrid.
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Con todos esos indicios, la jueza ha procesado a los 14 presuntos implicados en la trama. Además del teniente coronel del Ejército de Tierra Miguel Ángel E. T., máximo responsable de la unidad de gestión económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil durante casi 20 años -pertenece al Cuerpo Militar de Interventores; la Guardia Civil carece de esa figura técnica por lo que Defensa le asigna personal de las Fuerzas Armadas-, están formalmente acusados el guardia civil de la UGE José Ángel M. M.; la esposa del principal investigado, Elena S. P. -«partícipe a título lucrativo», sostiene la magistrada-; el empresario y amigo del militar Carlos G. M.; la hija y el entonces yerno de este último, Blanca G. M. y Rubén M. F.; y ocho contratistas de todas las especialidades de la construcción, desde carpintería de aluminio a mobiliario de cocina, pasando por electricidad, saneamiento o albañilería.
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[–>Hay constancia, reflejada en su declaración ante la jueza, incluso de la instalación de unos aparatos de aire acondicionado en casa de la hija de Carlos G. M. que el autónomo que los colocó ni siquiera cobró, por lo que ahora quiere reclamar esos 1.754 euros.
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Una posición de privilegio
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Uno de los ‘trucos’ de la supuesta trama corrupta que les permitió la supervivencia en el tiempo sin ser detectados era, precisamente, respetar el dicho de que la avaricia rompe el saco. Muchos de los sobrecostes eran bajos -hay algunos de entre 200 y 300 euros-, así que no levantaban sospechas. Hasta el punto, de que varios de los presupuestos contaron con la firma del general de la Guardia Civil, ajeno al presunto aprovechamiento que de esa confianza estaban llevando a cabo el alto mando militar y el guardia que era su hombre de confianza en la UGE.
[–>[–>[–>Esa posición, recuerda la magistrada, le permitió no solo firmar las facturas a conveniencia, sino incluso elaborar o modificar los presupuestos en función de sus intereses. Para afirmarlo, la jueza no solo se vale de la documentación recopilada por los agentes, sino también por los datos -mensajes, llamadas, archivos…- obtenidos a partir del volcado y análisis de los dispositivos móviles y electrónicos intervenidos durante la investigación.
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A partir de lo investigado hasta ahora -la instrucción judicial está a punto de concluir, y es probable que se abra juicio oral a la vuelta del verano-, la jueza imputa a los 14 investigados seis delitos, uno menos de los que creía ver el SAI, aunque no todos los procesados -el presunto cabecilla, sí- deberán responder por los seis. Así, la instructora ve indicios de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal. Estos dos últimos se habrían cometido, presuntamente, en la segunda fase de la operativa corrupta, esto es, con la compra de viviendas por parte del militar investigado con el dinero de las mordidas y falseando el importe real de las adquisiciones, volviendo una parte opaca al fisco.
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La jueza, en ese detalladísimo auto de procesamiento en el que desgrana a lo largo de sus 39 páginas todas y cada una de las operativas bajo sospecha, archiva la causa para dos personas: el albañil cuya denuncia inicial promovió la investigación y destapó la presunta trama corrupta en el seno de las finanzas de la Guardia Civil y el instalador de aire acondicionado cuya declaración también ha servido para apuntalar las evidencias que le han permitido procesar a todos los demás tras una investigación que se ha prolongado por espacio de algo más de cuatro años.
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Representación gráfica realizada por Asuntos Internos de los signos delictivos detectados. / Guardia Civil
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Un informe demoledor
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Ese, demoledor, es el calificativo que mejor describe el amplio informe final del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, que ha servido ahora de base para el auto de la jueza. Para los agentes del SAI, no hay margen de duda: sitúan al alto mando militar en el eje central de la trama corrupta con varios empresarios implicados que buscaba enriquecerse con dinero público mediante la adjudicación irregular de obras pequeñas a las que aplicaban sobrecostes que en algún caso llegó al 348 %.
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El SAI inició la investigación con el análisis de siete obras, todas ellas realizadas por el albañil que denunció, llevadas a cabo entre marzo y agosto de 2021. En ese informe contabilizan hasta siete delitos de los que creen responsable a E. T.: malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho o recepción de dádivas, falsedad documental y, eventualmente, delitos contra la Hacienda Pública y/o blanqueo de capitales. Estos dos últimos se habrían cometido, presuntamente, en la segunda fase de la operativa corrupta, esto es, con la compra de viviendas por parte del militar investigado con el dinero de las mordidas y falseando el importe real de las adquisiciones, volviendo una parte opaca al fisco. Por el momento, la jueza no los ve, así que no los ha incluido en su listado.
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Según el estudio del SAI, entregado en febrero de este año a la titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, se deduce que, al parecer, el teniente coronel no se dejaba un céntimo por arañar en cualquiera de las modalidades que el SAI parece haber hecho aflorar. Primero, adjudicaba la obra, con presupuestos inflados, casi siempre al mismo empresario, saltándose los principios que rigen para cualquier contrato público; después, se fraccionaban las facturas para diluir el rastro; luego venía el reparto del beneficio y, por último, la reinversión en propiedades inmobiliarias en ruinas, para destinarlas a vivienda particular o para revender -«la reformamos y a ganar dinero… luego la vendemos…», llegó a escribir en un mensaje-, cuya rehabilitación era encargada a empresas que, curiosamente, resultaban beneficiadas en ese mismo periodo con decenas de contratos públicos adjudicados por él mismo. Por ahorrarse, según el informe, se ahorró incluso el precio de la licencia para la reforma integral de una de esas propiedades, ya que tramitó una de licencia menor para ejecutar, en realidad, una obra mayor con afectación estructural del inmueble.
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Casi un millón facturado en 14 años
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El teniente coronel Miguel Ángel E. T. era toda una institución en la Guardia Civil. Como jefe de la UGE, era respetado más allá incluso de la obediencia debida, de manera que sus órdenes se cumplían sin reservas. Nadie discutía las facturas que llegaban con su rúbrica. Alteró, asegura el informe, incluso la naturaleza misma de las unidades de gestión económica. La UGE debía ocuparse solo del ámbito económico, es decir, de las obras en instalaciones que dependen de la VI Zona -la C. Valenciana, en terminología de la Guardia Civil-, tanto para autorizarlas como para pagarlas, mientras que las unidades provinciales, las oficinas de gestión económica (OGE), dependientes de las comandancias, se ocupan de lo mismo pero en los inmuebles bajo su mando territorial.
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Lo que el teniente coronel acabó haciendo, dice ese informe del SAI, fue adjudicar las obras de la UGE y hacer que las pagara la OGE de la Comandancia de València, convertida en algo así como una «caja pagadora única». Las facturas que llegaban firmadas por el interventor jefe de la UGE se satisfacían sin discusión. Y nadie le paró los pies ni le corrigió. Durante años.
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De hecho, el principal empresario investigado, Carlos G. M., con el que, asevera el informe pericial del SAI, E. T. tiene una amistad que hunde sus raíces hace 35 años, ha facturado a la Benemérita cerca de un millón de euros desde 2008 hasta 2022. Otro dato: en esos cinco meses de 2021 analizados, el 82 % de los ingresos totales de las dos empresas de Carlos G. M. provenían «exclusivamente de adjudicaciones gestionadas por la UGE de la VI Zona, bajo el mando del teniente coronel investigado». Y eso que ese empresario ni siquiera era constructor, ya que carecía de la plantilla necesaria.
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Cuadro elaborado por la EFS en el que aparecen los sobrecostes de las siete obras realizadas con sus sobrecostes. / Guardia Civil
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La confesión del albañil
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Y ahí empezó el problema. El adjudicatario de esas siete obras delegaba la ejecución de los trabajos en un albañil metido a constructor, R. L. Dos de las siete obras investigadas fueron realizadas en un edificio de viviendas oficiales de la Guardia Civil, en la calle Ángel de Villena. El sargento responsable de velar por las viviendas-cuartel empezó a sospechar al ver la calidad de los materiales y el coste final de los arreglos en la terraza y en un almacén. No le faltaba razón: en ambos casos, se acabó pagando casi el triple de lo presupuestado, que ya estaba inflado de por sí.
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El suboficial habló con el albañil y, una vez que este le confesó la trama y cómo funcionaba, denunció de inmediato. Las primeras pesquisas de la comandancia no hicieron más que confirmar las sospechas: en su declaración, R. L. acabó contando que muchos de los presupuestos los tenía que visar previamente el teniente coronel y ajustarlos antes de pasarlos a limpio, para después adjudicarlos.
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En total, esas siete reformas, realizadas en el cuartel de Benimaclet, sede de la VI Zona, en las viviendas para guardias de Ángel de Villena, en una residencia para guardias civiles en la playa de l’Almardà (Sagunt) y en el acuartelamiento de Cantarranas, generaron facturas a la Guardia Civil por importe de 46.466,33 euros, cuando estaban presupuestadas en 19.988,28 euros, de manera que el sobrecoste fue de 27.573; es decir, del 188 %, aunque en algún caso -en Benimaclet- se disparó hasta el 348 %. Se trata, en todos los casos, de pequeñas intervenciones, ya que las grandes, ya sean obra nueva o remodelaciones profundas, se realizan directamente desde la Dirección General de la Guardia Civil.
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Circuito cerrado: la reinversión
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A partir de ahí, los investigadores de Asuntos Internos llegaron a lo que han denominado «segunda fase» de la «supuesta red de corrupción sistémica liderada por E. T.«: la reinversión de las ganancias. Para ello, han constatado que adquirió tres propiedades, todas ellas en estado de ruina y en el municipio de Siete Aguas, «para enriquecer su patrimonio inmobiliario». Así, concluyen «utilizaba su cargo en la UGE para adjudicar contratos públicos a empresas que, en contrapartida, costeaban las reformas y el equipamiento de sus viviendas privadas». Es más, han encontrado evidencias de que parte de ese «equipamiento», incluido un toallero de Leroy Merlin, fue facturado directamente a la Guardia Civil mediante la modalidad de anticipo de caja fija, un instrumento de pago público reservado únicamente a los gastos corrientes.
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La primera de las propiedades, de cuya compra ya hablaba en un correo electrónico de 2019 interceptado por el SAI -se fijó el precio en arras en 20.000 euros, con una «propuesta explícita para eludir el control fiscal instando a declarar solo el valor catastral (18.500 euros) y abonar la diferencia ‘en mano’-, fue finalmente adquirida (en escritura pública) por 15.000 euros en enero de 2020. Curiosamente, señala el informe, no hubo movimiento bancario alguno para pagar ese dinero, lo que lleva a los investigadores a recordar que «el teniente coronel recibía cantidades de dinero en efectivo del entramado liderado por Carlos G. M.: «…500 son de él».
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Gráfico que muestra los dos métodos de enriquecimiento detectados por Asuntos Internos. / Guardia Civil
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Un negocio redondo
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Y continúan: «Mientras el contratista ejecutaba la obra privada, el investigado gestionaba personalmente tareas de bajo nivel en instalaciones oficiales con el mismo empresario. El prevalimiento del cargo garantizaba la conformidad de facturaciones públicas como compensación por los trabajos en la vivienda particular». En total, ese constructor en concreto obtuvo 19 contratos por valor de casi 100.000 euros entre febrero y junio de 2020.
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El mismo modus operandi se repitió con las siguientes dos propiedades adquiridas en Siete Aguas, incluida la que iba a servir para «ganar dinero», que se compró formalmente por 12.000 euros y que, diez meses después, se puso a la venta en un portal de internet por casi ocho veces ese valor: 115.000. Un negocio redondo.
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Fuente: Levante – EMV
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