El presidente interino de Venezuela, Delcy Rodriguezanunció este viernes una «amnistía general» para los cientos de presos políticos que permanecen presos en las cárceles del país, una medida de gracia que otorgará la libertad a quienes se encuentran encarcelados por «el período de violencia política, desde 1999 hasta la actualidad», mediante una ley.

Las liberaciones, hasta ahora, se han producido poco a poco. La organización Foro Penal asegura que, hasta el 29 de enero de 2026, el número de presos políticos en diferentes cárceles venezolanas sube a 711, resultado de la 302 lanzamientos llevados a cabo desde el 8 de enero, entre ellos varios españoles. Según el chavismo las liberaciones han rondado las 800.

Sin embargo, estas liberaciones no son completas, sino más bien Llevan ciertas reglas que, según Rodríguez, rige la Constitución. Quedarán excluidos de la amnistía los condenados por delitos de homicidio, drogas, corrupción y delitos comunes y, entre otras medidas cautelares, los excarcelados no podrán hacer declaraciones a los medios de comunicación ni salir del país -salvo los extranjeros-.

El presidente encargado también ha anunciado el cierre de El Helicoideun centro de detención perteneciente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin-policía militarizada) y catalogado como el «centro de tortura más grande de América Latina». Ha indicado que el espacio, ubicado en el sur de la capital venezolana, se convertirá en un centro deportivo, cultural, comercial y social para los agentes de policía, sus familias y las comunidades aledañas.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión social. A las puertas del Helicoide, familias acampan desde hace semanas, esperando que la próxima persona en salir por la puerta sea su ser querido y exigiendo la liberación «completa» de todos los presos, algo que parece estar más cerca. Por su parte, las ONG han organizado grandes protestas, llegando incluso a enfrentarse a la propia presidenta interina.

Además de los prisioneros, Hay más de 9.000 personas sujetas a medidas judiciales y miles más están en el exilio o escondidas, algo que la oposición ve como una gran piedra en el camino hacia una transición política.