El Gobierno de Pedro Sánchez presume de escudo social, cuando en realidad lo que ha hecho es construir un muro burocrático. La Asociación de Agricultores Valencianos (AVA-Asaja) denuncia que el Ministerio de Agricultura ha diseñado un sistema que convierte el acceso a subsidios para el aumento de los precios de los fertilizantes en una verdadera carrera de obstáculos.

La organización agraria advierte de que «miles de agricultores quedarán fuera» debido a la complejidad del procedimiento. Y, ante la concesión automática aplicada durante la guerra de Ucrania, el Ejecutivo ha optado ahora por un modelo cargado de exigencias.

Para comenzar, los profesionales en la materia deben presentar una declaración responsable telemáticamente. Esto significa tener firma digitalmanejar herramientas informáticas y cumplir condiciones como acreditar al menos 5.000 euros de renta agrícola en la Renta de 2024, además de mantener las facturas de fertilizantes durante cuatro años.

También llama la atención que el Ministerio tendrá hasta cuatro meses publicar las listas de beneficiarios en el sitio web del FEGA, pero sólo otorgará a los agricultores 15 días hábiles tramitar dicha declaración responsable, sin la cual no se procederá al cobro de la subvención.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal AguadoLo tiene claro: «Si el Gobierno realmente quiere ayudar al campo, debería ponérselo fácil». En su opinión, el enfoque actual no sólo complica el acceso, sino que expulsa directamente a los pequeños y mayores agricultores.

Recordar también que la edad media del campo valenciano ronda los 65 años, con muchos profesionales mayores de 80 años. A las dificultades digitales se suma la falta de capacitación, la ausencia de oficinas de apoyo y, en muchos casos, una mala conexión a internet en las zonas rurales.

Beneficios insuficientes

Él Real Decreto-Ley 7/2026de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Respuesta Integral a la Crisis en Oriente Medio, contempla ayudas de 55 euros por hectárea regada y 22 euros por hectárea en secanocon un máximo de 300 hectáreas por beneficiario y un mínimo de 100 euros.

Aguado resume que «el Gobierno pide demasiada burocracia por una cantidad tan exigua, que será totalmente insuficiente». Especialmente porque «el aumento de los costos de producciónespecialmente los fertilizantes nitrogenados y el gasóleo agrícola, ha supuesto ya en estas primeras semanas de conflicto más de 15 millones de euros de costes adicionales en la agricultura valenciana», denuncia.

La organización considera «injustificable» que, en este contexto, el Ejecutivo opte por complicar el acceso a subvenciones que «deberían llegar rápida y directamente». Por lo tanto, requiere que el Ministerio de Agricultura rectificar y recuperar el sistema de concesión de cargos que se aplicó en la guerra de Ucrania.