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En los últimos meses, distintos economistas vienen pidiendo el mismo instrumento: un impuesto mínimo global del 2% anual a las grandes fortunas. Gabriel Zucman lo presentó en febrero como una salvaguardia democrática contra el ascenso de los ultraricos; Joseph Stiglitz insiste ahora en que la desigualdad actual supera la de la Edad Dorada y advierte del riesgo de una «plutocracia hereditaria».

Conviene partir de las dimensiones reales del caso español, en el que el patrimonio neto medio por adulto en España ronda los 80.000 euros, lo que implica que para entrar en el 10% más rico hay que superar los 350.000; estar en el 1%, aproximadamente 1,7 millones. El umbral que propone Zucman (100 millones) deja fuera, por tanto, no sólo al 99% de los españoles, sino incluso a la gran mayoría del propio 1%. Estamos hablando de unas pocas docenas de familias. Ésa es la primera lección: cuando la base impositiva es tan estrecha, basta con que unos pocos cambien su residencia fiscal para que los ingresos proyectados se evaporen.

La segunda lección tiene que ver con la naturaleza del patrimonio. Buena parte de la riqueza española se capitaliza en vivienda habitual; en el tramo superior, en capital productivo ilíquido: acciones de empresas familiares, acciones no cotizadas, activos empresariales. Gravar anualmente las ganancias de capital latentes obliga a las personas a vender, diluir o endeudarse, con efectos sobre la inversión y el empleo que los modelos estáticos no incorporan. España, además, es ya (junto a Noruega y Suiza) uno de los pocos países europeos que grava el patrimonio neto, y a partir de 2022 superpone el Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas al Impuesto sobre el Patrimonio. Agregar un tercer nivel no corrige las distorsiones: las consolida.

Sin embargo, hay una cuestión que Stiglitz plantea con mayor agudeza que Zucman: el verdadero problema democrático no es tanto la riqueza como su conversión en poder político a través de los medios de comunicación, las redes y el financiamiento de campañas. Este diagnóstico apunta a reformas regulatorias (transparencia, competencia, pluralismo mediático) que no requieren un nuevo impuesto a la propiedad. Confundir ambos niveles es conveniente: nos permite recaudar unos cinco mil millones teóricos y dejar intactas las verdaderas palancas de influencia. La desigualdad merece respuestas serias. Pero convertir cada diagnóstico en un homenaje simbólico es probablemente una forma elegante de no resolver nada. España no necesita más impuestos: necesita mejores.

Álvaro Hidalgo Vega es Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la UCLM y Presidente de la Fundación Weber

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