En Salvador inició el mayor juicio de su historia con 486 presuntos pandilleros MS-13 sentado en el banco. La fiscalía acusa a los acusados ​​de más de 47.000 crímenes cometidos durante una década, incluyendo extorsión, tráfico de armas y homicidios. El juicio masivo es posible gracias a una legislación impulsada por el gobernante partido Nuevas Ideas, que permite agrupar a cientos de imputados en un mismo procedimiento, una práctica que no ocurre en ningún otro país del mundo. América Latina.

Este proceso es parte de la estrategia de Gobierno Para lucha contra la violencia de las pandillas, sobre la base de medidas extraordinarias aprobadas en 2022. A raíz de estas medidas, el gobierno defiende que ha reducción significativa del crimen. Según datos oficiales, el La tasa de homicidios cayó en 2023 a 1,3 por 100.000 habitantesfrente al 7,8 matriculados en 2022. Además, desde el establecimiento del estado de emergencia, el poder ejecutivo arrestaron a más de 91.000 personas sospechosos de pertenecer a pandillas, tras suspender derechos constitucionales como la libertad de asociación o determinadas garantías procesales.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición cuestionan el costo de esta política, pues consideran que suspensión prolongada de los derechos fundamentales y el juicio masivo poner en peligro el garantías del sistema judicial.

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