Esto es lo que indica el informe que la Cámara Alta aprueba este jueves y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. En él, “la Comisión de Investigación del Senado de España sobre la interrupción del suministro eléctrico y de telecomunicaciones de los días 28 y 29 de abril de 2025 (…) declara responsable al Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a Redeia/Red Eléctrica de España, de la interrupción del citado suministro eléctrico y de telecomunicaciones.»

La Comisión, tras analizar la documentación, las intervenciones en el Senado y los audios, considera que el Gobierno «responsabilidad de supervisión incurrida por incumplimiento de su función de tutela establecida sobre el operador del sistema (…) al no haber requerido a Red Eléctrica la comunicación formal de los anteriores incidentes de 16, 22 y 24 de abril ni de las medidas adoptadas frente al riesgo sistémico identificado.»

la entidad también responsabiliza al gobierno por su «responsabilidad política por haber diseñado y ejecutado una política de transición energética que no incorporaba los mecanismos de seguridad sistémica proporcionales al riesgo que el propio operador supervisado había documentado desde 2020, contribuyendo causalmente al colapso a través de una política de priorización de las energías renovables sin el apoyo regulatorio, técnico y de infraestructura necesario para su integración segura».

Por su parte, según la Comisión, Red Eléctrica ha incurrido en «responsabilidad operativa directa por omisión indebida de sus obligaciones de garantía de suministro (…) al haber identificado y documentado internamente la vulnerabilidad estructural del sistema desde el 31 de enero de 2025 sin adoptar medidas preventivas proporcional durante los siguientes tres meses, al no haber activado protocolos formales de emergencia ante la creciente inestabilidad que precedió al colapso del 28 de abril a pesar de contar con un diagnóstico preciso de máxima gravedad.

También acusa a Red Eléctrica de «haber obstaculizado el control parlamentario negarse a aportar sus registros de comunicaciones a la solicitud formal de esta Comisión, conducta que puede constituir desacato a la autoridad parlamentaria.»

Finalmente, la Comisión también ve responsabilidad de la CNMC por el «funcionamiento anormal del servicio público al haber mantenido el Procedimiento Operativo 7.4 sin actualizar desde el año 2000 hasta junio de 2025, a pesar de conocer desde 2020 la necesidad de su revisión y tenemos nuestros propios datos que mostraron el aumento exponencial de las sobretensiones en el sistema en los años previos al apagón.

El Senado carga contra Competencia por «habiendo decidido no publicar un informe público sobre las causas del suceso, sustituyendo su función de transparencia democrática por expedientes sancionadores opacos que preserven la opacidad sobre su propia corresponsabilidad en el retraso regulatorio y desatendiendo las obligaciones de supervisión, inspección y sanción»:

En cambio, No ve ninguna responsabilidad en el caso de las empresas privadas del sector eléctrico. Asegura que de la documentación que ha podido examinar «no se desprende ni acredita responsabilidad alguna en la producción del derrumbe, siendo su conducta la de quien informó, advirtió, ofreció recursos a REE y colaboró ​​con la investigación de esta Comisión».

El Senado también lanza una serie de recomendaciones implementar en el futuro y prevenir nuevos apagones tanto operativa como legislativamente.

Así, afirma a Red Eléctrica que el funcionamiento del sistema hacerse con «prudencia» y operando «con márgenes de seguridad» minimizar la inestabilidad en el sistema hasta que se hayan implementado las reformas necesarias en el sistema para evitar nuevos ceros de energía.

Recuerda también que el sistema de funcionamiento reforzado que viene manteniendo REE debe ser «estrictamente provisional» y que debe estar sujeto a «proporcionalidad, supervisión y temporalidad» porque «no puede convertirse en una solución permanente ni en un estado indefinido de excepción técnica».

Además, el informe del Senado reclama a la CNMC que supervise el modo de funcionamiento de la empresa que preside Beatriz Corredor y publique «mensualmente» la cuantificación del sobrecoste que genera esta fórmula de operación de emergencia.

También se considera aconsejable que se revisan los umbrales y protocolos de actuación referentes a la tensión de la red de transporte, y que se implemente un sistema de alerta «más exigente» y que no se limite a verificar que la tensión se mantiene dentro de un rango formal. Lo mismo ocurre con los protocolos de actuación, pues asegura que la experiencia del 28 de abril demostró que «maniobras efectivas para amortiguar las oscilaciones de frecuencia pueden agravar simultáneamente los problemas de tensión».

Asimismo, el Senado solicita que los criterios para Activación de recursos de respuesta rápida.

Cambios regulatorios

Respecto a los cambios regulatorios, el informe de conclusiones asegura que buena parte de lo ocurrido Tiene su origen en que ha habido una «descoordinación del marco regulatorio» a la nueva configuración física y económica del sistema eléctrico.

Por ello, exige que se habilite «sin demora» que La generación renovable puede contribuir al control dinámico de la tensión. en tiempo real.

Por ello también solicita proporcionar medios materiales y económicos suficientes al regulador de energía.

Finalmente, se considera imprescindible revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para ajustar sus objetivos tras lo ocurrido, y «no ejecutar cierres irreversibles de capacidad firme o sincrónica». Si bien no existe una alternativa probada, suficientes y bien distribuidos territorialmente para garantizar un nivel adecuado de seguridad operativa».