Se trata de una medida audaz por parte de París y que tendrá que ser autorizada desde Bruselas, ya que en los Veintisiete prevalece un esquema común que establece la cantidad mínima de residuos de determinadas sustancias químicas que pueden estar presentes en los alimentos importados -el llamado Límite Máximo de Residuos (LMR)- y es habitual que esta decisión se tome a nivel comunitario. Sin embargo, el ejecutivo de Emmanuel Macron ha tomado la delantera con la publicación hoy en el Boletín Oficial de la República Francesa (el equivalente al BOE, en España) de una orden que, a partir de mañana jueves, prohibirá la venta en Francia de una larga lista de frutas y verduras si contienen determinados residuos, sin hacer referencia a cantidades.

La lista incluye prácticamente todas las frutas exportadas por el bloque Mercosur -principalmente manzanas, peras, frutos rojos, cítricos y frutas tropicales (mango, papaya o aguacate)-, especificando para cada grupo qué producto fitosanitario está prohibido; En concreto, estos son los Carbendazim, Benomyl, Glufosinato, Tiofanato-metilo y Mancozebcuatro sustancias que los agricultores del Viejo Continente no pueden utilizar pero que están presentes en América del Sur.

Como ya se ha adelantado, la iniciativa plantea dudas jurídicas dentro de la UE y, de hecho, fuentes cercanas al caso aseguran que Bruselas ya la está estudiando. Es cierto que en la capital belga hay rumores de que el ejecutivo comunitario podría aplicar una medida similar, según confirma a ABC la organización agraria Asaja, pero París ha decidido no esperar; y en el auto publicado esta mañana no oculta sus motivos.

En el texto, el gobierno francés recuerda que el 23 de diciembre ya pidió a la Comisión que redujera los límites máximos de residuos permitidos en frutas y hortalizas, y que tomara «todas las medidas de precaución adecuadas» para proteger la salud de los consumidores. Además, el auto incluye como una de sus justificaciones la consideración de que «la Comisión Europea no ha adoptado ninguna medida de conformidad con el artículo 53 del Reglamento 178/2002 (el control de importaciones)«.

Al mismo tiempo, el documento también dice que «la prohibición finalizará con la entrada en vigor de las medidas oportunas por parte de la Comisión Europea o, en su defecto, un año después de su entrada en vigor», de lo que se desprende que París está esperando que Von der Leyen dé un paso adelante.

Más dinero para la PAC a cambio del Mercosur

El veto francés se extiende a cualquier tercer país, pero a nadie se le escapa que la decisión está íntimamente relacionada con la negociación ‘in extremis’ que se desarrolla estos días para la firma del acuerdo con Mercosur, con el que la Comisión intenta -desesperada y mientras la paciencia de los socios americanos empieza a agotarse- superar el ‘no’ de Francia, que amenaza con formar una minoría de bloqueo. De hecho, hoy Los ministros de agricultura europeos han sido convocados a una reunión de última hora para abordar esta cuestión y el próximo presupuesto de la Política Agrícola Común (vigente de 2028 a 2034), que son dos caras de una misma moneda ya que, si Von der Leyen ofrece alguna concesión en una de estas cuestiones, puede conseguir apoyos para la otra.

Precisamente, Bruselas acude a la reunión de hoy con la promesa de ofrecer más fondos para la próxima PAC, que se sumarían a los cerca de 300.000 millones actualmente presupuestados, una cifra que las organizaciones agrarias -y no pocas capitales- consideran un recorte del 20%. Además, y de cara al Mercosur, a finales del año pasado ya propuso reforzar las auditorías en fronteras, reformar el acuerdo para que se puedan suspender rápidamente las importaciones de determinados productos en caso de que los precios en Europa se desplomen, y estudiar posibles reformas legislativas que aumenten las exigencias de bienestar animal en terceros países.

Sin embargo, al final no se pudo añadir al texto la exigencia de eliminar las exenciones arancelarias para los agricultores sudamericanos si no cumplen con los mismos requisitos de calidad que prevalecen en la UE, como pidió el Parlamento Europeo. Y no fue posible, como ya explicó ABC, porque la medida podría ser contraria a la legislación comercial internacional y, más importante, porque los países del bloque sudamericano podrían interpretarla como una modificación del acuerdo que obligaría a renegociarlo.

Precisamente, en estos momentos ese es uno de los principales peligros, que Bruselas no mida suficientemente hasta dónde está dispuesta a llegar para convencer a Francia, ya que esto podría acabar con la paciencia de sus socios del otro lado del Atlántico. Hay que recordar que, después de que Francia e Italia frustraran la firma del acuerdo el 20 de diciembre, El presidente de Brasil amenazó con abandonar la mesa definitivamente y buscar socios alternativos a la UE.