La empresa de la mina de oro abre la vía judicial por la negativa de Tapia a modificar el planeamiento
Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), la firma que promueve la mina de oro de Tapia, considera que el informe en el que se apoyó el Pleno para denegar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar cabida a las instalaciones mineras, carece de «fundamento legal» y es «inconsistente». Es la razón por la que ha abierto la vía judicial, de hecho, el consistorio tapiego recibió este lunes el requerimiento de información por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Con todo, la firma aurífera muestra prudencia y, aunque no descarta presentar finalmente el contencioso, apuesta como vía prioritaria por la negociación con el Gobierno local y volverá a solicitar una reunión con el alcalde, Pedro Fernández.
«La inconsistencia y falta de motivación de esta decisión, como sus consecuencias, obligan a EMC a considerar todas las opciones legales a su disposición», señala la minera, que recuerda que ya en 2023 se retiró el contencioso presentado contra el Ayuntamiento por la decisión de la entonces alcaldesa, Ana Vigón, de iniciar la tramitación. Precisan que declaraciones del actual regidor durante la campaña electoral y su «posterior compromiso de proceder con la tramitación en los términos señalados por la ley» motivaron su decisión de frenar la vía legal.
La promotora de la explotación minera, tras analizar la documentación llevada a pleno el pasado noviembre, muestra su sorpresa pues, a su juicio, el expediente no solo carece de fundamento legal, sino que no cuenta «con una valoración socio-económica del interés público, ni valoración ambiental que respalde la resolución adoptada por mayoría en el Pleno». La firma minera deja claro que su proyecto plantea situar las instalaciones mineras y la bocamina para explotar el oro de Salave en la zona trasera del polígono industrial de El Cortaficio, una zona «claramente conectada con la actividad industrial».
«Es importante resaltar que todos los terrenos que requieren una modificación puntual para llevar a cabo el proyecto son susceptibles de ser modificados y clasificados de uso minero, de acuerdo del PGOU vigente actualmente, como así se reconoce en una sentencia del Supremo del 20 de enero de 2017, que sienta jurisprudencia«, señala la firma que se queja de una «lamentable situación, atípica legalmente en nuestro ordenamiento jurídica». En este sentido, EMC recuerda que cuenta con concesiones mineras desde hace más de 40 años si bien no fueron incorporadas en el PGOU de 2016.
EMC subraya también que Tapia decidió no iniciar la tramitación ambiental, optando por denegar la modificación del PGOU. Además, la minera denuncia que el informe tapiego señala que «no se ha producido ninguna novedad que requiera el cambio de calificación agrícola y forestal» de los terrenos, obviando el proyecto presentado por la minera hace más de tres años. «Sorprende que los servidores públicos que valoraron y tomaron esta decisión no hayan tenido en cuenta el interés público de un proyecto valorado en 3.000 millones de euros, que va a crear más de 1.000 puestos de trabajo directos», opina EMC.
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Por último, la minera considera «injustificable» el cambio de postura del PP tapiego y recuerda que el primer PGOU aprobado por el Ayuntamiento entonces del PP «incluía como uso autorizable las concesiones mineras en vigor».
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