La tragedia ferroviaria Adamuzcon su devastador saldo de 39 muertos y más de 150 heridos, no es un capricho del destino ni un «evento extraño», como pretende decir el Ministerio de Transportes. Es la consecuencia sangrienta de una política de escaparate que ha preferido cortar la cinta a seguridad vial. España, que presume de tener 4.000 kilómetros de alta velocidad -superando con creces los 2.800 de Francia o los 1.350 de Italia-, ha demostrado tener pies de arcilla. La masa de hierro de Córdoba es el espejo de una gestión que ha priorizado la cantidad sobre la confiabilidad.

Las cifras son, sencillamente, escandalosas y no permiten defensa alguna. Si bien nuestros socios europeos entienden que el ferrocarril es una infraestructura que requiere cuidados constantes, el Gobierno de España ha mantenido la red con presupuestos de «supervivencia». Mientras Francia (SNCF) invierte hasta 5.500 millones de euros anuales e Italia (RFI) consolida 3.500 millones, España arrastró durante cinco años (2015-2019) con cantidades míseras por debajo de los 500 millones de euros. Es decir, España se dedica a mantenimiento hasta diez veces menos que sus vecinos, a pesar de contar con una red de alta velocidad mucho más extensa.

Incluso el alardeado «esfuerzo inversor» de 980 millones en 2023 es un espejismo. No nace de una convicción política o de una planificación estratégica, sino del tanque de oxígeno de la fondos europeos. Pero el dinero, por sí solo, no compra seguridad si no hay rigor. Adamuz se ha producido en un tramo «recién reformado». ¿Qué sentido tiene gastar 700 millones en una renovación si la infraestructura resultante presenta los «baches, palos y desequilibrios» que los maquinistas ya denunciaron desesperadamente el pasado mes de agosto?

La advertencia de los profesionales fue clara y, sin embargo, cayó al vacío de los despachos de adif. Se denunciaron graves deficiencias en la Línea 010 (Madrid-Sevilla) y la respuesta fue la inacción. Hoy el ministro Óscar Puente califica de «extraño» que un tren descarrile en línea recta; Lo realmente extraño, e intolerable, es que un Gobierno ignore las alertas técnicas de quienes conducen los trenes todos los días.

Estamos ante el fin del espejismo. el modelo de gestión actual ha invertido miles de millones en extender el AVE a todos los rincones para alimentar a la marketing políticodejando la seguridad en un segundo plano invisible. Es el triunfo de la estética sobre la ingeniería. Con el agotamiento de los fondos NextGeneration en agosto de 2026, España se enfrenta a un abismo: una red que da signos de cansancio extremo y un Gobierno que se ha mostrado incapaz de garantizar la calidad de las obras que licita.

Adamuz no se puede cerrar con una simple investigación técnica. Requiere una purificación de responsabilidades políticas al más alto nivel. No se trata sólo de cuánto se invierte, sino también de la falta de rigor en la supervisión de lo que se construye. El mantenimiento es un gasto invisible hasta que ocurre la catástrofe; Hoy ese «ahorro» en las cuentas del Estado lo pagamos con vidas humanas. La política ferroviaria de la última década no sólo ha descarrilado en Adamuz; ha quebrado la confianza de los ciudadanos en su sistema de transporte.