La justicia colombiana condena al expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno
Después de 57 días de audiencias en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, Álvaro Uribe, el hombre más poderoso de Colombia entre 2000 y 2008, ha sido declarado culpable del delito de soborno. «Álvaro Uribe Vélez es un ciudadano condenado», tituló el diario ´El Espectador` para dar cuenta del impacto político. La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda consideró que el líder del Centro Democrático, ofreció a través de furtivos emisarios una serie de beneficios a personas privadas de la libertad para que lo favorecieran en otros procesos que enfrentaba el expresidente en su contra. «El soborno en actuación penal ha quedado acreditado«, remarcó la autoridad judicial. Se consideró a su vez probada la manipulación de testigos para que vincularan al senador de izquierdas Iván Cepeda con hechos ilegales.
La condena se palpaba en el aire en las primeras horas de la última audiencia. «El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder», dijo Heredia Aranda y los analistas entendieron de que la sentencia desfavorable estaba a punto de ser comunicada. También hizo alusión a las presiones en su contra y la condición de mujer. «La toga no tiene género, pero sí carácter y cuando una mujer administra justicia lo hace con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial». La Corporación Jueces y Magistrados de Colombia pidió de inmediato la protección de Heredia Aranda para «garantizarle» el «cumplimiento de sus funciones».
Debido a que la audiencia no ha finalizado y deben analizarse otros cargos, los colombianos debían esperar para saber cuál es el veredicto relacionado con los otros cinco hechos por los que Uribe fue imputado. Falta, por lo tanto, conocerse el alcance de la pena. La causa se activó 11 años atrás cuando Uribe denunció ante el Tribunal Supremo a Cepeda por abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada. Cuatro años después, el alto tribunal estimó que la acusación carecía de elementos probatorios y, en un giro que resultó sorprendente, sostuvo que debía ser el exmandatario quien debía responder ante la justicia.
El papel de los testigos
´El Espectador` destacó la contundencia de uno de los testigos convocados por la fiscalía, Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, hijo de un antiguo mayordomo de una de las haciendas del expresidente en Antioquia. Monsalve le relató a Cepeda que en esa finca Uribe y su familia supuestamente impulsaron la creación del Bloque Metro, una formación paramilitar de ultraderecha.
El abogado Diego Cadena contactó a Guacharaco en febrero de 2018 para ofrecerle beneficios a cambio de su retractación ante los tribunales. Monsalve grabó aquella conversación con un reloj espía y su contenido fue pieza clave durante todo el proceso. Pudo constatarse además que un viejo amigo de Monsalve, Carlos López, conocido como Caliche, también intentó persuadirlo de que se retracte en nombre de Uribe. Un exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, aportó pruebas relacionadas con una tentativa de soborno de Diego Cadena para que declarara a favor de Uribe.
Para el portal ´La Silla Vacía` se trata de «un proceso penal inédito contra un expresidente en la historia reciente de Colombia y que aunque dada la polarización poco cambiará la percepción inmediata que ya tienen los colombianos sobre su inocencia o culpabilidad en este caso o sobre su legado, sí tendrá efectos políticos inmediatos». La sentencia enervó a la derecha colombiana ha calificado de indignante. La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló de un «fallo de la infamia».
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