Los acreedores afectados por la retirada de las primas renovables apuntan a la posible embargo de bienes del Reino de España en Estados Unidos, como la participación del Estado en filiales de Renfe, Paradores, el Instituto Cervantes, ENAIRE o INECO, así como la actividad internacional de la SEPI.

El caso Watkins, que reclama 77 millones a España tras una década de litigio, ha intensificado este tipo de acciones de protección, buscando indemnizaciones para poner fin al actual escenario de impagos. La empresa en cuestión invirtió en nuestro país y, tras ver cómo se revertían los incentivos prometidos e incluso se exigía la devolución efectiva de los bonos otorgados, inició una procedimiento de arbitraje que ahora ha abierto este nuevo frente judicial en Estados Unidos.

La empresa lanzó su reclamo en 2015 y lo llevó a la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial. Reclamó 123,9 millones de euros por los daños causados ​​por las modificaciones regulatorias y fiscales adoptadas entre 2010 y 2014, especialmente la llamada «reforma energética» de 2013.

En 2020, El tribunal arbitral falló a favor de la empresa y condenó a España a pagar 77 millones de euros, más intereses de demora y costas judiciales. El fallo fue posteriormente confirmado definitivamente en 2024, tras el rechazo del pedido de nulidad presentado por el Gobierno.

¿En qué consiste esta vía de acción legal?

Pese a ello, España no ha pagado ni un eurolo que ha llevado a watkins solicitar la ejecución del laudo en jurisdicciones extranjeras. La compañía es una de las siete que han conseguido victorias en los tribunales de Estados Unidos en los últimos meses por valor de casi 700 millones.

Estas empresas dependen de la Convenio del CIADIdel que son firmantes tanto España como Estados Unidos. En su virtud, los laudos definitivos deben ser reconocidos por los tribunales de todos los países adheridos al acuerdo como sentencias propias de las que ya no cabe recurso y que, por tanto, son obligatorias.
Tras este reconocimiento, Watkins ha iniciado un procedimiento de «discovery order» para identificar bienes del Estado español susceptibles de embargo. ¿En qué consiste esta vía de acción legal? El término proviene del derecho procesal estadounidense y designa una orden judicial para el descubrimiento de activos, según la sección 1782 del Código Federal de los Estados Unidos.

Con base en este tipo de procedimiento, los tribunales pueden obligar a personas o empresas a entregar documentación, correos electrónicos, registros financieros o cualquier otro material relevante que ayude a localizar bienes y activos de dicha contraparte, involucrando así la justicia en la gestión de escenarios predeterminados.

En el caso de laudos arbitrales contra España, Los acreedores utilizan esta ruta para rastrear activoscontratos o ingresos de organismos públicos que puedan servir como garantía de cobro. Si pueden demostrar que determinadas entidades actúan como un «alter ego» del Estado, los jueces pueden autorizar embargos o retenciones.
Es por ello que, además de solicitar información sobre los bienes y activos gestionados directamente por el Reino de España, los acreedores han decidido actuar sobre diversas entidades públicas o de propiedad del Estado, que podrían ser consideradas instrumentos patrimoniales del Gobierno español y, por tanto, potencialmente expuestas a reclamaciones internacionales.

En el radar de los acreedores

Entre los que aparecen en el radar de los acreedores se encuentran los siguientes:

• SEPI: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Controla decenas de empresas estratégicas, desde Navantia hasta Indra, pasando por Telefónica. Los fondos demandantes sostienen que esto equivale a actuar como brazo económico del Estado y, por tanto, su patrimonio podría responder de sus deudas.
• Renfe: La compañía ferroviaria mantiene intensas operaciones internacionales, con contratos de arrendamiento y acuerdos con empresas estadounidenses que podrían ser objeto de examen para detectar flujos de ingresos incautables.
• Paradores: La red pública de hoteles y monumentos históricos también depende directamente del gobierno, lo que la convierte en un candidato recurrente en las estrategias de ejecución, especialmente por su cartera de activos. bienes.
• Instituto Cervantes: aunque su función es cultural, su financiación y su cartera de activos inmobiliarios están repartidos por todo el mundo, lo que lugar a dicha entidad en el mapa de posibles medidas cautelares.
• ENAIRE: pagos vinculados al tráfico aéreo entre EE.UU y España podrían ser objeto de retención si los tribunales los asocian al Estado, circunstancia que el pasado mes de julio provocó el bloqueo de 200 millones de euros en Bélgica, importe correspondiente a los pagos de Eurocontrol a ENAIRE.
• INECO: La ingeniería estatal gestiona contratos internacionales con aeropuertos y organismos públicos extranjeros, por lo que se ha convertido en otro foco de atención.

Compensación pendiente de cobro

Los procedimientos abiertos en Estados Unidos buscan, en última instancia, identificar activos y flujos financieros para aplicar medidas de embargo y así cubrir la compensación pendiente de cobro. Entre las posibilidades que están sobre la mesa están la retención de pagos comerciales, el bloqueo de cuentas, el embargo de intereses corporativos, la limitación de las operaciones internacionales de las empresas públicas, etc.

Para evitar los límites de inmunidad soberanalas empresas acreedoras están dirigiendo sus reclamaciones contra bienes de carácter comercial, es decir, bienes y flujos económicos vinculados a la actividad comercial del Estado, y no a funciones diplomáticas o de soberanía. De esta forma, España no puede reclamar inmunidad estatal para evitar el pago de las indemnizaciones. La justicia estadounidense ha apoyado este enfoque, reconociendo que los laudos del CIADI constituyen deudas firmes y ejecutables y que los activos estatales con fines comerciales pueden ser embargados. La última bala en la recámara del Gobierno es el recurso que se ha presentado ante el Corte Suprema de los Estados Unidossolicitando protección bajo el argumento de la inmunidad estatal.

Sin embargo, esta tesis parece difícil de sostener, dado que se trata de deudas con empresas privadas, derivadas de Laudos finales del CIADI ya reconocido por tribunales federales y centrado en bienes no esenciales para la política exterior, a diferencia de lo que sucedería con una embajada o un consulado.