En 1813, en plena crisis política tras la Guerra de Independencia y en el clima intelectual que rodea a la Constitución de Cádiz, el jurista asturiano Francisco Martínez Marina publicar Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla. Este no es un libro académico más, ni una simple reconstrucción histórica.

Es, de hecho, un gran intervención política: un intento deliberado de demostrar que España tiene en su propia tradición institucional las bases de una sistema representativo, limitado y contrario al absolutismo. Martínez Marina Escribe con un objetivo claro: cuestionar la narrativa dominante según la cual la monarquía absoluta sería la forma natural de poder en España.

La biografía del autor ayuda a comprender el tono y la ambición de la obra. Nacido en Oviedo en 1754, sacerdote, jurista e historiador del Derecho, Martínez Marina ocupó cargos relevantes como la dirección del Real Academia de la Historia. Fue un intelectual profundamente comprometido con el liberalismo español, en una época en la que esta posición no era inocua. Su condición de «clérigo liberal» le valió la persecución durante la Guerra de la Independencia y la censura de sus obras. En él coexisten los erudición histórica y una clara voluntad reformista: No pretende sólo estudiar el pasado, sino activarlo políticamente en el presente.

El libro comienza con una reflexión de fondo sobre la naturaleza del poder político. Martínez Marina reconoce, en abstracto, que concentrar el poder en una sola persona podría parecer eficiente desde un punto de vista teórico. Sin embargo, rechaza rotundamente esa posibilidad en la práctica histórica y humana. Lo hace con una formulación que marca el tono de toda la obra: «el despotismo y la tiranía no han tenido un origen natural, es un resultado monstruoso del abuso del poder justo». La idea es clara: él absolutismo No es una forma de gobierno legítima ni original, sino una corrupción del poder político. Esta afirmación tiene profundas implicaciones, porque niega la base ideológica sobre la que se había construido la monarquía absoluta en siglos anteriores.

A partir de ahí, el autor desarrolla una tesis central que recorre todo el libro: la soberanía No reside en el rey, sino en la nación. Para Martínez MarinaLa sociedad política nace de un acuerdo entre individuos libres, no de una delegación divina o de una imposición natural. En sus propias palabras: «la asociación civil es el efecto de un acuerdo. El pueblo es la fuente de toda autoridad». Esta formulación sitúa la
autor en un tradición claramente contractualistapero con una peculiaridad importante: no construye esta teoría desde la abstracción filosófica, sino desde la historia institucional española. No importa ideas extranjeras, sino que reivindica su propia genealogía de poder limitado.

El pueblo, origen del poder

En esta línea, insiste en que los reyes no son la fuente del poder, sino su resultado. La monarquía es una institución creada por el comunidad politicano al revés. De ahí su afirmación de que «los reyes – son – creación del pueblo, cuya voluntad les dio el ser». Esta inversión del esquema tradicional –del rey como origen al ciudad como origen– es uno de los elementos más disruptivos del libro. No se trata sólo de limitar al monarca, sino de redefinir completamente su posición dentro del sistema político.

El instrumento fundamental de ese sistema, según Martínez Marinason los Tribunales. El autor reconstruye su papel histórico en los reinos de León y Castilla como una institución esencial, no decorativa. Los presenta como el verdadero órgano representativo de la nación, con competencias concretas y relevantes. Las Cortes no sólo participaron en la elaboración de leyes, sino también intervino en decisiones clave como la aprobación de impuestos, la sucesión al trono o cuestiones de guerra y paz.

En particular, destaca un principio que considera fundamental: «los monarcas no podían hacer aportaciones sin acuerdo y consentimiento de las Cortes». Esta afirmación conecta directamente con la idea de que la poder fiscal es inseparable de la representación políticaun principio que suele asociarse al desarrollo del parlamentarismo en otros contextos, pero que aquí se reivindica como parte de la tradición española.

El retrato del monarca que surge de este esquema está muy alejado del absolutismo. El rey aparece como magistrado supremo sujeto a la ley y al interés general. No gobierna en base a su voluntad, sino en cumplimiento de un marco jurídico y político que lo precede y lo limita. De hecho, Martínez Marina recuerda que los reyes debían jurar por las leyes y comprometerse a respetar los derechos del pueblo antes de ser plenamente reconocidos. En este sentido, afirma que «los reyes […] ellos prometieron
«proteger las leyes del reino y los derechos y libertades del pueblo». La legitimidad del poder no es automática: depende del cumplimiento de esas obligaciones.

Este enfoque lleva al autor a una conclusión particularmente relevante: la posibilidad de que la nación reaccione ante el incumplimiento del monarca. Martínez Marina Sostiene que si el rey abusa de su poder o rompe el pacto político, la comunidad tiene derecho a actuar. No se limita a una crítica moral, sino que formula una doctrina política explícita: «la sociedad puede obligarle a abdicar de la corona y crear otro nuevo gobierno». Esta idea introduce una noción de responsabilidad política que va más allá de la mera limitación del poder y abre la puerta a mecanismos para su sustitución.

El libro también presta atención a la evolución de la representación política dentro de las Cortes. Martínez Marina describe cómo, con el tiempo, el peso de la llamada tercer estado —las ciudades y pueblos— crecen frente a la nobleza y el clero. Este proceso implica una ampliación de la base representativa y una mayor conexión entre las instituciones y la sociedad. Todavía no es una cuestión de representación democrática en el sentido moderno, pero es un movimiento en esa dirección. El autor interpreta este cambio como una señal de la vitalidad política de la nación y su capacidad para articular mecanismos de participación más amplios.

Las Cortes, mucho más que un símbolo

Otro aspecto relevante es el control de la gestión pública. Las Cortes no sólo tenían funciones legislativas o consultivas, sino también fiscalizadoras. Martínez Marina destaca que el organismo representativo tenía derecho a examinar las cuentas del reino y exigir explicaciones sobre el uso de la recursos públicos: «el órgano representativo nacional siempre tuvo el derecho de examinar la inversión de los fondos del tesoro público». Este principio introduce una dimensión de responsabilidad lo cual es fundamental para cualquier sistema político que aspire a limitar el poder.

La influencia de la obra es notable en el contexto del constitucionalismo español temprano. Aunque no se puede decir que determine directamente la redacción de la Constitución de Cádizque de hecho fue promulgada un año antes de su lanzamiento, es parte del clima intelectual que lo hace posible. Su principal aportación consiste en ofrecer un relato histórico que legitime las reformas políticas desde dentro de la tradición española. Ante la acusación de que el liberalismo sería una importación extranjera, Martínez Marina responde mostrando que muchos de sus principios ya estaban presentes, al menos en germen, en las instituciones medievales.

Una crítica al absolutismo válida hoy

Sin embargo, su interpretación no ha estado exenta de críticas. Parte de la historiografía considera que idealiza el funcionamiento de las Cortes y exagera su capacidad real para limitar al monarca. Es probable que, en su esfuerzo por construir un tradición liberal españolael autor enfatiza ciertos aspectos y minimiza otros. Sin embargo, incluso desde esta perspectiva, el valor del libro sigue siendo considerable. Más allá de su exactitud histórica, su importancia radica en la construcción de un marco conceptual que nos permita pensar el poder político en términos de límites, responsabilidad y consentimiento.

Lea hoy el texto de Martínez Marina sigue siendo sorprendentemente actual. Su insistencia en que la autoridad política debe basarse en pactos, sujeta a leyes y orientada al bien común conecta con los debates contemporáneos sobre la legitimidad del poder y el papel de las instituciones. Su crítica del absolutismo como una degeneración del poder sigue siendo relevante en cualquier contexto en el que se considere una concentración excesiva de autoridad. En ese sentido, más que un libro de historia, Teoría de los Tribunales puede leerse como una reflexión de largo alcance sobre las condiciones que hacer posible un sociedad política libre.