MÁLAGA 23 nov. (EUROPA PRESS)-

Agentes del Área de Protección de la Infancia (Aprome) de la Unidad Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), con sede en Málaga, en colaboración con el Servicio de Protección de la Infancia de la Junta de Andalucía, han llevado a cabo una actuación en relación con un presunto delito contra las relaciones familiares -alteración de paternidad, de acuerdo con el artículo 220.1 del Código Penal- y otra de falsedad documental.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha informado en una nota de prensa de que la investigación se inició a raíz de una Resolución de Sinhogarismo Provisional dictada por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga sobre un menor recién nacido que fue ingresado en un hospital de la provincia. Una vez ejecutada dicha resolución, los agentes procedieron al retiro inmediato de la menor para posteriormente entregarla a una Familia de Acogida de Emergencia (FAU).

Durante la comparecencia de la madre biológica ante los agentes se detectaron diversas irregularidades y contradicciones relacionadas con la relación entre ella y el presunto padre, quien estaba inscrito como tal en el Registro Civil. Ante la gravedad de los hechos, se abrió una investigación que permitió identificar de manera rápida y completa a todas las personas involucradas. La principal línea de trabajo se centró en un presunto delito consistente en la presentación e inscripción de un recién nacido ajeno como propio para su inscripción como niño en el Registro Civil correspondiente.

Como resultado de las investigaciones, los agentes pudieron determinar que la madre biológica había llegado a un acuerdo económico por importe de 3.000 euros con una pareja que se encontraba en tratamiento de fertilidad. El hombre inscrito como progenitor no es el padre biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre, acudió al Registro Civil para inscribirse como padre del recién nacido.

La investigación reveló que, ante la imposibilidad de tener hijos, el matrimonio se había puesto en contacto con la madre biológica y aceptado su propuesta de inscribir a la recién nacida como hija suya y, una vez dada del alta hospitalaria, entregársela a cambio de los 3.000 euros pactados. Este hecho no se concretó gracias a la intervención policial, que permitió el inmediato traslado de la menor, garantizando su protección en todo momento.

Actualmente, la niña se encuentra bajo la tutela de la Junta y reside en una casa de acogida, donde recibe los cuidados y protección necesarios. La acción culminó con la imputación tanto de la madre biológica como de la pareja interesada en adquirir a la menor. Asimismo, los implicados cometieron un delito de falsificación de documento público, al modificar «elementos esenciales» del acta de inscripción de nacimiento del bebé en el Registro Civil.