Las claves de la guerra abierta entre Aena y Ryanair
Ryanair ha anunciado este miércoles que recorta un millón de plazas de su programación para este inverno, lo que supone el 16% de su capacidad total. La aerolínea reducirá el 41% de su capacidad en los aeropuertos regionales (600.000 plazas) y el 10% en las Islas Canarias (400.000 plazas).
En concreto, la compañía irlandesa cerrará su base de Santiago de Compostela, eliminará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducirá su capacidad en Asturias (-16%), Santander (-38%), Zaragoza (-45%) y Vitoria (-2%). En el caso de las Islas Canarias, cancelará 36 conexiones directas entre los aeropuertos regionales y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Además, mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez, que clausuró este verano.
¿Cuál es el problema?
El motivo al que alude Ryanair para aplicar semejante tijeretazo son las tarifas aeroportuarias de Aena, que es lo que el gestor aeroportuario cobra a las aerolíneas por usar sus terminales, pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones, servicios de seguridad o servicios de ‘handling’ y que estas repercuten en los precios de los billetes de avión que adquieren los pasajeros. En 2026 estas tarifas subirán una media del 6,5%, hasta los 11,03 euros por pasajero, lo que representa un incremento de 68 céntimos, según Aena. Ryanair critica que Aena aplique la misma estructura tarifaria en grandes y pequeños aeropuertos porque no tienen la misma rentabilidad para las empresas.
¿Quién diseña las tarifas?
Las tarifas aeroportuarias en España se determinan a través de una fórmula matemática que supervisa el regulador –la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)– en función de la Ley 18/2014. Entre 2015 y 2025, se estableció un alza máxima del 0%, sobre el que se podían realizar ajustes de costes, calidad o ejecución de las inversiones, pero esta limitación ha expirado. De los 68 céntimos de incremento para el año que viene, 45 céntimos son debidos a «atrasos no recuperados del año 2024″ y, de los 23 céntimos restantes, 17 céntimos son el resultado de la aplicación del índice de actualización de las tarifas, según argumenta Aena.
¿Qué tiene que ver el Gobierno?
Aena es una empresa semipública, en la que el Estado es su mayor accionista, con el 51% del capital. Ryanair trata de presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez al recortar vuelos en aeropuertos regionales españoles para que ejerza su poder como accionista mayoritario del gestor aeroportuario. Pero el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha salido al paso del anuncio de la aerolínea señalando que si bien mantendrán el diálogo con la aerolínea «desde el respeto y la defensa del interés general», el Ejecutivo no se someterá «a decisiones arbitrarias» de una compañía.
¿Qué quiere Ryanair?
La compañía pide una rebaja de tarifas. A cambio promete aumentar el número de rutas en más de mil, establecer cinco nuevas bases regionales en Santander, Reus, Gran Canaria, Fuerteventura y Menorca y alcanzar los 77 millones de pasajeros anuales en 2031. Sin embargo, desde Aena dudan de que se trate solo de las tarifas y afirman que lo que hace Ryanair es presionar al gestor aeroportuario y a los gobiernos regionales y autonómicos para conseguir más incentivos a sus rutas.
Ryanair se benefició desde la pandemia de 35 millones de euros dentro de los programas de incentivos de Aena para potenciar rutas o destinos a raíz de la insularidad, la recuperación del coronavirus o el volcán de La Palma. Y a esto se suman las subvenciones que recibe de concursos de promoción del turismo que tienen los ayuntamientos y autonomías para impulsar sus destinos.
¿Cuáles son los aeropuertos más afectados?
A priori, el mayor impacto por aeropuertos recaerá en el cierre de su base en Santiago de Compostela, donde la compañía fue líder en 2024 en número de vuelos, con el 36,8% (sobre 27.000 vuelos) y donde rebajará un 80% su oferta invernal. También en Valladolid, donde lideró con el 23% (sobre 2.567) de las operaciones y prevé cancelar toda su operativa. Mientras que en los aeródromos de Santander y Zaragoza reducirá su capacidad en un 38% y un 45%, respectivamente, y en ambos es la primera aerolínea, con el 44% y el 27,5% de las operaciones en 2024, respectivamente.
¿Y el resto?
Muy perjudicados se podrían ver en las Islas Canarias, que viven en invierno su ‘temporada alta’, y verán como se reducen el 10% de su capacidad. Pero el recorte se limitará a conexiones con otros aeropuertos regionales de España y no con el extranjero. En Lanzarote, Ryanair es la segunda aerolínea, con el 17% de los vuelos; mientras que en Fuerteventura la misma posición representó el 12% del total. En Gran Canaria apenas cuenta con el 6,8% de vuelos (quinta posición).
Mucho más limitada será la alteración que tendrá la decisión de cierre en Jerez, donde ya canceló sus vuelos de este verano, a pesar de que el año pasado fue la tercera aerolínea en número de vuelos, con el 11% del total. Y apenas se notará en Vitoria, donde reducirá su capacidad en un 2%, a pesar de ser el segundo operador aeroportuario, con el 14,5% del total de vuelos. Tampoco en Vigo (donde copa el 6,5% de los vuelos y es la sexta aerolínea) y Tenerife Norte (apenas alcanza el 2,9% del total de las operaciones del aeropuerto, que ascienden a 77.217), a donde dejará de volar, o Asturias (con el 6% de los vuelos es también la sexta compañía), en donde reducirá su capacidad en un 16%.
¿Se quedarán sin conexiones estas regiones?
Esa es la gran duda. Qué ocurrirá con aquellas rutas que Ryanair hace desaparecer. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que el gestor aeroportuario trabaja ya en encontrar operadores alternativos. Como ejemplo, el caso de la ruta Valladolid – Barcelona, eliminada por Ryanair en verano y que será restituida por Vueling.
¿Y los trabajadores?
No se ha pronunciado Ryanair sobre el impacto que tendrá esta reorganización en sus trabajadores, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado que pedirá un encuentro inmediato con Ryanair en la sede del Ministerio para abordar las cuestiones laborales tras el anuncio realizado este miércoles. «Como siempre, el principio legalidad se impone sobre cualquier empresa que se ubique en nuestro país», ha apuntado, según recoge EFE. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que, dado el respeto que tienen a sus trabajadores, «no cree que muchos de ellos vayan a echarlo de menos».
Suscríbete para continuar leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí