La Central Sindical Independiente y de Función Pública (CSIF) ha alertado de las deficiencias del sistema educativo español. Entre las principales conclusiones cabe destacar que el aumento del gasto educativo en los últimos años no ha tenido un impacto real por el efecto de la inflación. La inversión por alumno prácticamente no ha variado, si bien existen grandes diferencias entre comunidades autónomas, con una brecha que alcanza los 6.700 euros.

«Hoy en España, un profesor que trabaja en el País Vasco puede ganar más de 600 euros al mes más que un profesor que trabaja en Extremadura.«, declara Isabel Madruga, secretaria negociadora, por su parte, Maro Gutiérrez, responsable de educación de CSIF, afirma que «“Los docentes son los más castigados, ya que su inversión por docente se ha reducido un 11%, lo que implica, entre otras cosas, que el poder adquisitivo de un docente en España ha caído un 20%”.

El informe identifica varias cuestiones clave. Uno de ellos es la alta tasa de temporalidad de docentes, lo que dificulta la continuidad de los proyectos educativos. También destaca las desigualdades entre territorios en aspectos como los gastos, el abandono escolar y las condiciones laborales de los docentes.

Además, España tiene tasas de repetición muy por encima de la media europea, lo que, lejos de mejorar los resultados académicos, se asocia a una mayor tasa de repetición. riesgo de abandonar la escuela. A esto se suma un proceso de progresiva privatización, particularmente en la formación profesional, donde la educación pública ha perdido peso en los últimos años.

La paradoja del estudio.

Si bien el sistema ha aumentado sus recursos y su alumnado, con más docentes, una mayor inversión nominal y un notable incremento en el número de estudiantes vocacionales, los resultados académicos no han mejorado en la misma medida. De hecho, España no está cumpliendo los objetivos marcados por la Unión Europea.

Para revertir esta situación, el sindicato propone varias líneas de acción. Entre ellos, aumentar las inversiones para garantizar un mínimo de 7.000 euros por alumno, reducir la temporalidad al 8%, establecer un marco común de contenidos en todo el país y aprobar un estatuto docente que regule las condiciones laborales del profesorado.

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