Los inspectores, que han mostrado sus críticas al sistema desde el momento en que se acordó entre ERC y PSC, consideran que si la generalitat recauda todos los impuestos, según lo planeado, «el resto de las comunidades autónomas que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos serán dañados».

Además, señalan otra consecuencia: el estado no tendría los fondos necesarios para cumplir con sus funciones. «No tendría, por ejemplo, fondos para financiar la cantidad de pensiones que se financian con impuestos, los intereses de la deuda pública, el pago de los servicios sociales, como el mínimo vital, así como el pago, en ciertas situaciones, como se sucedió con el Erte en el tiempo de la pandemia», insiste en los responsables de esta organización.

También llaman la atención a lo que consideran una «subdivisión» de la estructura de la agencia fiscal estatal. Un organismo perfectamente engrasado a lo largo de los años, que se dividiría en varias agencias como catalán, para aumentar sus impuestos.

«Cabe señalar que este modelo no está regulado en la constitución o en los estándares de desarrollo y, por lo tanto, mientras las regulaciones no se modifiquen, estamos hablando de un régimen ilegal, que también viola los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la constitución», dicen también. «No hemos escuchado una única opinión positiva, o alguna ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos, y solo obedece un acuerdo político para el nombramiento del Presidente del Generalitat», insiste los inspectores.