Los sindicatos no se conforman y piden aún más mejoras para el convenio de seguridad privada
La negociación de Convenio Estatal de Seguridad Privada En España se atraviesa un momento crítico, con los sindicatos rechazando una vez más la propuesta empresarial por considerarla insuficiente para garantizar mejoras reales en las condiciones del sector.
La lucha entre empleadores y representantes sindicales revela la distancia que existe en temas clave como salariosel jornada laboralla regulación de nuevos perfiles profesionales y cobertura social, según adelantó “Escudo Digital”.
En la última reunión celebrada el pasado 7 de noviembre, las patronales –APROSER, ASECOPS y FES– propusieron una batería de modificaciones que, según ellos, buscan equilibrar la sostenibilidad empresarial y los derechos laborales, aunque los sindicatos han calificado la oferta de notablemente insuficiente.
Entre las demandas del sector sindical, la reducción de jornada laborala aumento salarial según el IPC y la regulación de perfiles tecnológicos que actualmente operan sin cobertura.
Las críticas se centran especialmente en la falta de avances en temas como el personal de cámaras, la vigilancia de explosivos, la vigilancia discontinua y la negativa a mejorar aspectos que se consideran esenciales, como las bonificaciones, las vacaciones y los descansos.
Para FeSMC-UGT, el enfoque de las empresas no aborda los problemas estructurales del sector y repite elementos que podrían provocar retrocesos en los derechos.
Critican también que las propuestas se centran más en reducir costes que en adaptar las condiciones laborales a la realidad de los trabajadores. CCOO de Hábitat, por su parte, rechaza cualquier reducción de derechos en incapacidad temporal, pide mejorar las coberturas y denuncia que los cambios propuestos en el transporte de fondos, vacaciones o turnos convierten las supuestas mejoras en promesas vacías.
Seguridad privada: problemas estructurales
FTSP-USO coincide con el diagnóstico y exige una estrategia preventiva en salud ocupacionalcriticando la propuesta de modificar los porcentajes de cobertura de incapacidad temporal sin abordar fundamentalmente la protección de los trabajadores.
También considera insuficiente el aumento salarial ofrecido y advierte de que los problemas de negociación siguen sin resolverse, sobre todo cuando el índice de precios al consumo supera con creces cualquier ajuste propuesto por las empresas.
La Confederación Intersindical Gallega (CIG) denuncia que las propuestas empresariales suponen retrocesos y reclama un acuerdo digno, equilibrado y adaptado a la realidad actual.
Entre sus reclamos están los recuperación del poder adquisitivo con incrementos de hasta el 8% anualuna reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y una mejora de las bonificaciones y permisos retribuidos.
Todos los sindicatos critican que los cambios sugeridos en temas críticos como cuadrantes, descansos y bonificaciones no ofrecen soluciones de fondo y perpetúan el conflicto judicial y social.
ELA, el sindicato vasco, coincide en la insuficiencia de la propuesta y reclama una mesa específica en Euskadi y Navarra, denunciando que la mayoría de las medidas propuestas no tienen ningún impacto económico real y apenas mejoran la redacción del acuerdo.
Cotizaciones incorrectas y sanciones.
Más allá de la negociación del acuerdo, la Inspección de Trabajo ha constatado graves irregularidades en las aportaciones de las empresas del sector. Destaca la sanción impuesta a Loomis España por cotizaciones incorrectas de horarios festivos y descansos no compensados, tras una denuncia de Alternativa Sindical. Esta resolución afecta a 17 provincias y obliga a la empresa a regularizar la situación de sus empleados.
Los inspectores comprobaron que Loomis no pagaba el incremento legal del 75% en horas extraordinarias y que no compensaba las pausas como exige la legislación. La subvaloración se traduce en la pérdida de derechos para cientos de trabajadores del sector y subraya la necesidad de un marco regulatorio más sólido, con mecanismos de control y sanciones eficaces que realmente disuadan estas prácticas.
El problema añade tensión a un sector que ya exige mejoras sustanciales Dignificar el trabajo de más de 80.000 profesionales en España.
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