En plena precampaña de las elecciones andaluzas, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, exministra de Hacienda, ha recibido un nuevo varapalo de la justicia. Específicamente, el Audiencia Nacional ha estimado los recursos presentados por Orange y Vodafone contra la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) durante los años 2018, 2019 y 2020.

Las sentencias de la Audiencia Nacional, de 18 de febrero y 10 de marzo, dan la razón a ambas empresas frente a resoluciones anteriores dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central y reconocen su derecho a recuperar las cantidades pagadas por este concepto. En consecuencia, el Agencia Tributaria Tendrá que devolver un total de 107,5 millones de euros, más los correspondientes intereses de demora.

Montos «ingresados ​​incorrectamente»

En el caso de Orange, integrada en el grupo MasNaranjala devolución asciende a 62,3 millones de euros, correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 para los servicios de telefonía fija y móvil. Por su parte, Vodafone España, propiedad del fondo británico Zegona, recuperará algo más de 45,2 millones de euros para los años 2018 y 2019 en relación con los servicios de telefonía móvil. En este sentido, las liquidaciones anuladas en el caso de Vodafone corresponden a cantidades de 22,88 millones en 2018 y 22,34 millones en 2019, a los que se suman los intereses de demora.

Así, las resoluciones judiciales recogen expresamente el derecho de ambas entidades a devolución de cantidades «incorrectamente ingresadas» del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). De esta forma, los magistrados concluyen que el epígrafe del IAE aplicado a los operadores de telefonía móvil, que grava su actividad en función del número de clientes en cada localidad, es contrario a la Regulaciones europeas.

Según las sentencias, la introducción de este sistema tuvo un finalidad «claramente compensatoria» y «tenía como objetivo brindar mayor y mejor recaudación a las haciendas locales». En este sentido, el Audiencia Nacional Señala que este enfoque es ajeno a los objetivos establecidos por la directiva europea de telecomunicaciones, que exige que las tarifas se orienten al correcto funcionamiento y desarrollo del sector.

Sin embargo, la Audiencia Nacional destaca que la finalidad del impuesto «es estrictamente recaudatoria, ajena a los objetivos y optimización del sector» que exige la directiva europea. En este sentido, las sentencias también recuerdan que la recaudación de este impuesto «tiene como finalidad cubrir la necesidades de la administración localsiendo evidente que resulta extraño que el IAE garantice el correcto funcionamiento del mercado interior de redes y servicios de telecomunicaciones».

Fondo

Lo cierto es que esta sentencia se suma a resoluciones anteriores sobre el mismo impuesto. En noviembre de 2023, el Corte Suprema ya le dio la razón Vodafone en relación con el IAE correspondiente a 2014. Esta sentencia permitió a la operadora recuperar más de 27 millones de euros, intereses incluidos, y se sumó a otras decisiones relativas a los años 2012 y 2013. En conjunto, estas resoluciones anteriores supusieron la anulación de liquidaciones por alrededor de 80 millones de euros a favor de la compañía.