el juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la investigación del caso y ha propuesto a la jueza Begoña Gómezesposa del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción empresarial, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Además, ha provocado la indignación del gobierno hacia Comparan a Pedro Sánchez con Fernando VII en su último coche.

Conocido por sus excentricidades, el magistrado ha comparado al presidente con el conocido como «Rey delincuente»uno de los monarcas peor considerados de la historia de España. Derrocó a su padre, Carlos IV, y restableció el absolutismo.

La comparación responde a que, al analizar las pruebas para procesar a Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias en la obtención de una cátedra en la Universidad Complutense, el juez ha asegurado que no ha encontrado precedentes similares en democracia. En el auto, el magistrado ha sostenido que Este tipo de comportamiento es más propio de «sistemas absolutistas» que de un Estado democrático actual.

«Bueno, los comportamientos que provienen de los palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propios de regímenes absolutistas, afortunadamente ya olvidados con el tiempo en nuestro Estado, lo que nos obliga a intentar analizar (quizás deberíamos remontarnos al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal», se lee en el texto.

Ha sostenido que, desde la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno, «se tomaron determinadas decisiones públicas» favorables al presidente y a su proyecto «que podrían obtenerse mediante un uso singular de su posición relacional». Es decir, su única condición de «esposa de» podría haber servido para influir, señaló el magistrado.

¿Investigación cerrada?

Otro hecho destacable es que, Al mismo tiempo que Peinado ha cerrado la investigación, ha solicitado nuevas diligencias a una de las empresas que prestaron servicios a la silla de Begoña Gómez. En concreto, les ha solicitado una serie de facturas.

Esto es una anomalía porque es contrariamente a lo establecido en el artículo 27 de la Ley del Jurado, lo que indica que, si se emite la orden de archivo de la investigación, es porque no existen más diligencias que realizar. Otra singularidad de un juez que también pidió una tribuna para interrogar a la ministra de Justicia o que en una resolución declaró muerta a la propia Begoña Gómez.

El juez también continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros. Ha dado un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de un juicio oral, con jurado popular, y presenten sus conclusiones por escrito.

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