El Parlamento portugués aprobó este viernes, con votos a favor de la derecha y la extrema derecha, un proyecto de ley para prohibir el uso del burka en lugares públicos.

Ahora, el texto irá a la oficina del presidente, Antonio José Seguroquien podrá promulgarlo, vetarlo o enviarlo al Tribunal Constitucional.

Tras la votación, los diputados del partido de extrema derecha ChegaLos promotores de la iniciativa, aplaudieron de pie durante casi un minuto.

El líder de la formación, André Venturacelebró la aprobación en su cuenta de la red social X con un video de la cámara y un mensaje: «Quien odie nuestra cultura puede regresar a su país».

En el texto aprobado, Chega repasa varios países europeos que han legislado en este sentido y asegura que en Portugal «la respeto a la dignidad de la mujer es -por quienes lo invocan con frecuencia- a menudo ignorado».

Por ello, consideran importante adoptar medidas «que no sólo apunten, de manera abstracta y objetiva, a la protección y garantías de seguridad de los ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional, sino que también se dirijan específica e individualmente a la consecución de los principios de dignidad y respeto a las mujeres que deben guiar cualquier Estado de derecho».

El proyecto de ley ya recibió luz verde en el Parlamento el pasado mes de octubre, con el apoyo de los dos socios de Gobierno, el Partido Socialdemócrata (PSD) y los demócratas cristianos CDS-PPademás de Iniciativa liberal (IL) y Chega.

Se opusieron a la partido socialista (PS), el ambientalista Gratisél Bloque de izquierda (BE) y el Partido Comunista de Portugal (PCP), mientras que el animalista PAN y el regionalista JPP se abstuvieron.

Esta primera aprobación generó críticas y polémica en el país, con manifestaciones y organizaciones como Amnistía Internacional (AI) condena la propuesta legislativa por considerarla «discriminatoria» y viola los derechos humanos de las mujeres que optan por llevar un velo para cubrirse el rostro.

Después de más de ocho meses y negociaciones entre Chega y el gobernante PSD (centroderecha), que buscaba restar importancia a la cuestión religiosa y argumentar que se trataba de una cuestión de seguridad pública, finalmente lograron ponerse de acuerdo sobre un texto final.

Por otro lado, aunque el proyecto inicial proponía una pena de prisión de hasta tres años para quienes se cubran el rostro en público, la propuesta final contempla sanciones económicas de entre 200 y 2.000 euros en caso de negligencia, y de entre 400 y 4.000 en caso de fraude.