En el caso que enfrenta el Familia García Carrión contra el ex delegado de Santander, Rami AboukhairPara su marcha antes de los tres meses del CEO del CEO para el cual fue contratado por la multinacional de Murcia, el tema de la distribución de la rama ejecutiva en una empresa subyace.

Si los propietarios de un grupo empresarial firman A, o un profesional en el que se delegan las funciones ejecutivas, ¿deberían asumir sus directrices sin interferir después de haber transferido la decisión de decisión?

Después de años dudando o no, la familia García Carrión optó por contratar a un ejecutivo de primer nivel para impulsar la expansión internacional de Grupo García Carrión (JGC), Hablando en febrero de 2022 Rami Aboukhair.

El ejecutivo había abandonado a Santander unos meses antes, a fines de 2021, después de que fue reemplazado como CEO de Santander España por António SimoesDespués de veinte años en la entidad presidida por Ana Botín.

Aboukhair fue director general de marketing de Santander durante la primera década de este siglo; Luego ocupó el cargo de director general de banca comercial en Santander UK, entre 2011 y 2015, el año en que fue nombrado CEO de Santander España.

El ‘Conde 1,2,3‘o el proceso de integración de Banco popularson algunas de las tareas notables en las que Aboukhair trató directamente como CEO de Santander España.

Sin embargo, antes de cumplir tres meses como CEO de JGC, el ejecutivo de Granada comunicó su renuncia.

Solo en ese corto período de tiempo, Aboukhair había iniciado el diseño de un nuevo plan de negocios para la compañía murciana; gestionó el patrocinio del tenista Carlos Alcaraz; Trató de reestructurar proveedores y departamentos …

Aboukhair asegura que se le impidió realizar funciones ejecutivas y que no estaba autorizado

La compañía que posee marcas como Don Simón o vinos Pierna negraÉl demandó a Aboukhair por su marcha «repentina». A su vez, el ejecutivo exigió García Carrión reclamando 14 millones de euros.

Él Tribunal de Primera Instancia Número 74 de Madrid Recientemente ha emitido una sentencia condenando a Aboukhair para compensar con 281,308 euros a JGC.

El ex delegado de la compañía ha presentado apelación ante el Tribunal Provincial de Madrid, publicado por este periódico.

Aboukhair asegura que desde su incorporación se le impidió realizar las funciones ejecutivas de su posición, que no estaba autorizado, y que fue relegado a un «papel simplemente formal».

Y enfatizó en su respuesta a la demanda de que la terminación de su contrato «no fuera arbitraria ni injusta», al declarar la relación extinguida dentro de los tres meses previsto en una cláusula.

La multinacional de Murcia exigió al ex concejal delegado de Santander argumentando que puso fin a la relación contractual «unilateralmente y sin respetar el período de notificación establecido en la cláusula de contrato (…)», y que no había «alteración sustancial de las funciones asumidas por el Sr. Aboukhair como CEO de JGC (…)».

García Carrió y Aboukhair, «Meras discrepancias»

La defensa de Rami Aboukhair se destaca en su apelación de que la decisión de su cliente de abandonar la compañía se debió a «un Interferencia estructural e incompatible con el ejercicio efectivo de las funciones ejecutivas acordadas contractualmente », y que recibió un tratamiento humillante (se sacudió en su oficina).

Todas las propuestas preparadas por Aboukhair durante los menos tres meses que García Carrión lideró fueron despedidas por los propietarios del grupo, José García Carriónsu esposa Rafaela Corujoy el hijo de ambos, Luciano García Carrión.

Como la oportunidad de patrocinar a Carlos Alcaraz, al que el CEO de JGC había logrado comenzar un compromiso.

Él carácter familiar De una empresa como JGC «No puede justificar, por sí misma, la cancelación práctica de los poderes delegados bajo un contrato aprobado formalmente por la Junta Directiva (…)», argumenta la apelación.

La sentencia del Tribunal de Primera Instancia establece que, tanto de los documentos como de los testimonios proporcionados, se concluye que «Nos enfrentamos con meras discrepancias entre los cuales fue CEO y miembros de la junta directiva de una empresa como García Carrión ».

La defensa de Aboukhair afecta su atractivo en el papel ejecutivo desempeñado por el CEO de un grupo empresarial contra el poder de los propietarios.

El CEO «es la persona en la que la junta directiva ha delegado la gestión ordinaria de la empresa», recuerda.

«Aunque debe respetar las pautas y los límites establecidos por el Consejo (…) ejerce la máxima responsabilidad ejecutiva: desarrolla y ejecuta la estrategia de la Compañía, dirige la operación diaria, lidera el equipo de gestión, representa a la sociedad dentro de los poderes conferidos y asume la responsabilidad de los resultados».

En compañías como JGC, «el CEO asume un papel central en la dirección efectiva del negocio», insiste. «Aunque el Consejo conserva ciertos poderes indelgables, la mayor parte de la gestión ejecutiva se concentra normalmente en la cifra del CEO», agrega.

El ex presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el Presidente de JGC, José García Carrió.

Los abogados de Aboukhair aluden a Artículo 249 y 249 BIS de la Ley de Sociedades Capitallo que establece los poderes indecibles de la Junta Directiva y la capacidad de delegar la gestión ordinaria en un CEO.

También advierten que el contrato para la provisión de servicios firmados por Aboukhair y JGC confiere «plena responsabilidad» con el CEO de la gestión empresarial, el diseño del plan estratégico, la configuración del equipo de gestión …

El juez que firma la sentencia que ha condenado a Aboukhair para compensar a JGC advierte en el mismo que, fingiendo en menos de tres meses «desarrollando sin limitar su plan de negocios, por qué podría ser, sin ningún impedimento o negativo para encontrar todas y cada una de las decisiones que estaba tomando, Al menos, es difícil imaginardada la dinámica de la empresa en la que se incorporó ».

El caso frente a García Carrión con Rami Aboukhair puede terminar llegando al Tribunal Supremo. Tal vez termina siendo el cuerpo jurisdiccional máximo en España que aclara los poderes que el CEO y sus dueños tienen en una empresa.