Europa asume el reto de crear un marco común para afrontar la crisis de la vivienda
Europa es consciente de que sus países miembros sufren una crisis en la vivienda. Es transversal, en algunos lugares es más acusada por la falta de oferta, en otros tiene que ver con el coste sobre la renta que representa para sus ciudadanos, pero nadie se libra. La presidenta de la Comisión Especial sobre la crisis de la vivienda en el Parlamento Europeo, Irene Tinagli, que lleva un año investigando sobre la realidad a la que se enfrenta para buscar soluciones, ha apostado este viernes en Barcelona por “soluciones más innovadoras, creativas y valientes” porque “lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado”, ha lamentado.
[–>[–>[–>Tinagli, junto al profesor de Economia en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), José María Raya, ha participado en el ‘European Bridges’, la tribuna informativa de Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO, que surge de la mano de Agenda Pública, un medio especializado en análisis de políticas públicas, y con la colaboración de la Generalitat de Catalunya. Ambos, moderados por la directora adjunta de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, y el editor y director de Agenda Pública, Marc López Plana, han analizado la situación en la que se encuentran los gobiernos europeos, han escuchado a la trentena de participantes en el foro celebrado en la Universitat de Barcelona (UB) y han dado algunas recetas para solventar el problema del acceso a la vivienda.
[–> [–>[–>Cambios sociales profundos
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La eurodiputada de origen italiano, economista de formación, reconoció que la teoría clásica de la oferta y la demanda “ya no encaja” en un continente envejecido, con cambios sociales profundos y con una demanda residencial cada vez más diversa. “Antes había familias de seis personas; ahora hay abuelos solos, padres divorciados, estudiantes que se mueven constantemente y millones de turistas que utilizan viviendas como si fueran hoteles”, enumeró. Esa presión creciente contrasta con una oferta “muy rígida” y un parque de vivienda social menguante. Desde los años 80, recordó, “los políticos dejaron de construir vivienda pública y, en algunos casos, incluso la vendieron porque no podían mantenerla”, ha recordado.
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El resultado es que los trabajadores con ingresos medios o medios-bajos —“enfermeros, bomberos, profesores”, ha ejemplificado— viven hoy con grandes dificultades para encontrar una vivienda asequible. Tinagli ha apuntado la necesidad de actuar en varios niveles. En el corto plazo, ha propuesto movilizar las viviendas vacías —»en Italia hay 60.000 pisos públicos sin uso”— y regular los pisos turísticos. También ha aplaudido la figura de las “zonas tensionadas” para aplicar medidas específicas sin “criminalizar todo el mercado”.
[–>[–>[–>A medio y largo plazo, ha abogado por reactivar la inversión en vivienda social y buscar la implicación del sector privado mediante modelos económicamente sostenibles, incluso con el concurso de entidades del tercer sector u ONG, menos pendientes de la cuenta de resultados.
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Déficit estructural del continente
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Por su parte, el profesor de la UPF ha añadido que España y Catalunya comparten con buena parte de Europa un déficit estructural de vivienda, aunque matizó que el contexto español tiene particularidades. “Hemos visto subidas de precios a doble dígito en los dos últimos años, pero todavía no hemos alcanzado los niveles de 2007”, ha explicado José María Raya. En el caso catalán, subrayó que Barcelona concentra la mitad de los contratos de alquiler y que un 12% de las viviendas pertenece a grandes propietarios. “Construimos la mitad de lo que necesitamos”, ha advertido, situando a España “en la liga de Italia o Irlanda, muy lejos de Francia, Holanda o Suecia, donde el parque de vivienda social alcanza entre el 20% y el 30%”.
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[–>La eurodiputada Irene Tinagli. / MANU MITRU / EPC
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Raya ha puesto también el foco en la carga económica del alquiler. En España, el 60% de los inquilinos dedica más de una cuarta parte de su renta mensual a pagar el alquiler, frente al 50% en la media europea y hasta el 80% en países como Holanda, ha recordado para a continuación reclamar una combinación de construcción, rehabilitación y políticas públicas de acompañamiento. “La construcción no es de derechas ni de izquierdas”, ha zanjado.
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La propiedad, objetivo vital
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Desde una perspectiva más social, el director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Joan Rodríguez, que ha participado en el ‘European Bridges’, ha alertado en su intervención de las consecuencias políticas de la insatisfacción ciudadana. Tres de cada cuatro españoles consideran la propiedad de la vivienda un objetivo vital, y para muchos jóvenes el alquiler sigue viéndose como “tirar el dinero”. Esa frustración, ha advertido, “va a tener consecuencias”. Según sus estudios, el 55% no espera heredar una vivienda y la mitad de los menores de 35 años aspiran a comprar una, aunque las cifras demuestran que no lo lograrán.
[–>[–>[–>Por su parte, la coordinadora de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana de la Diputació de Barcelona, Rosa Sanz, ha aportado la visión local: “El 60% de los municipios tiene menos de 10.000 habitantes y carece de medios para diseñar políticas de vivienda”, ha descrito sobre la provincia barcelonesa, y ha recordado que la mitad del parque residencial del Estado tiene más de 45 años y necesita rehabilitación.
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La subdirectora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, habla en el encuentro de Puentes Europeos en Barcelona, con la presidenta de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en el Parlamento Europeo, Irene Tinagli, y el catedrático de Economía de la UPF, José María Raya. / MANU MITRU
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El economista José García Montalvo, por su parte, ha revelado que el déficit en Catalunya es de 700.000 viviendas y ha pedido más coherencia entre administraciones. “El tapón está en los gobiernos locales”, ha señalado, advirtiendo contra “represiones de la demanda” como las limitaciones de precios. “Cuando se ponen, después es muy difícil quitarlas”, ha lamentado.
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El empresario inmobiliario Marcel Prunera ha defendido que el sector privado “no es el demonio” y puede formar parte de la solución. “Si reducimos la rentabilidad pero ofrecemos estabilidad, el capital seguirá invirtiendo”, ha asegurado recordando que la mayoría de la propiedad “está en manos de familias, no de fondos”. Y el abogado Carlos Mayol ha insistido en la seguridad jurídica: “Tenemos una borrachera normativa que cambia las reglas cada año; Europa debe marcar límites y principios comunes”.
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Personas enfadadas
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Tanto Tinagli como Raya han coincidido en que el reto pasa por establecer un marco europeo estable que armonice políticas sin uniformarlas. “No se trata de imponer un modelo único, sino de compartir buenas prácticas y principios comunes”, ha propuesto Tinagli. Raya por su parte ha alertado de los riesgos de populismo: “Un 40% de los ciudadanos cree que expropiar es una buena idea; cuidado con contentar al gran público”.
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La dirigente europea ha cerrado el foro con una reflexión autocrítica: “Durante demasiado tiempo hemos manejado este tema con tanto cuidado que no hemos hecho nada. Y la reacción ha sido radical”. A su juicio, la vivienda se ha convertido en un terreno fértil para los discursos extremistas: “Veo miles de personas enfadadas porque no pueden acceder a una vivienda y me pregunto qué hemos hecho mal”. La respuesta, ha concluido, pasa por cambiar el paradigma: “Debemos ser más valientes y trabajar juntos, no desde los despachos de Bruselas, sino escuchando a la gente”.
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