SANTANDER, 26 de junio (EUROPA PRESS)-

El Mando Cibernético de la Guardia Civil ha identificado e investigado a dos mujeres de Toledo y Guinea Ecuatorial como presuntas autoras de una estafa informática perpetrada bajo la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC) o suplantación de correo electrónico corporativo, que causó un perjuicio económico de 12.000 euros a una empresa con sede en Cantabria.

Los investigados son considerados responsables de cuatro presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, acceso ilegal a sistemas informáticos y falsificación de documentos.

La acción, enmarcada en la ‘Operación Espejo’, comenzó a raíz de una denuncia presentada por la empresa a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, en la que afirmaba haber abonado una factura pendiente en una cuenta bancaria distinta a la de su proveedor habitual.

Los guardias descubrieron que los ciberdelincuentes habían falsificado la identidad digital del proveedor utilizando una dirección de correo electrónico cuyo dominio apenas se diferenciaba del original.

Desde esa cuenta fraudulenta comunicaron a la empresa un supuesto cambio de cuenta bancaria, que justificaron alegando problemas con su entidad financiera.

Considerando la autenticidad de la comunicación, la empresa ordenó una transferencia de 12.000 euros a la cuenta facilitada por los autores. El fraude no se descubrió hasta más tarde, cuando el proveedor legítimo reclamó el pago de la factura.

La investigación analizó las comunicaciones electrónicas utilizadas para la suplantación y rastreó el destino de los fondos transferidos.

El análisis técnico y financiero realizado por los investigadores permitió identificar al titular de la cuenta receptora del dinero y reconstruir la operación destinada a ocultar el origen ilícito de los fondos.

Las dos personas investigadas junto con las diligencias prácticas llevadas a cabo por el Comando Cibernético en colaboración con las Unidades Orgánicas de los Juzgados de Policía Judicial de Toledo y Madrid, han sido puestas a disposición del Servicio de Registro y Distribución de los Juzgados de Talavera de la Reina (Toledo), y se ha propuesto solicitar una Comisión Rogatoria Internacional a Nigeria para determinar el beneficiario final de lo defraudado.