El campo catalán podría perder 60 millones de euros anuales con la nueva PAC
La semana pasada, centenares de agricultores y ganaderos de distintos países de la Unión Europea volvieron a salir a las calles de Bruselas. Al lema de “la seguridad alimentaria es seguridad», protestaban frente a la Comisión Europea mientras se presentaba la propuesta para el nuevo presupuesto plurianual de la UE. En ella, la partida destinada a la Política Agraria Común (PAC) se reduce en un 21%.
El catalán Jaume Bernis, consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la asociación de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), que actúa bajo el paraguas de COAG, es uno de los manifestantes. “Esta reforma no es solo un recorte presupuestario. Es un cambio de modelo. Es el final de la PAC tal como la conocíamos”, afirma en conversación con EL PERIÓDICO. Desde la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), su vicepresidente, Xavier Pié, se muestra igual de crítico: “La PAC siempre ha tenido grandes deficiencias, pero si algo conseguía era reducir la incertidumbre a la que agricultores y ganaderos estamos expuestos por nuestro trabajo. Si los presupuestos se aprueban, tal como están ahora, la inseguridad y la precariedad aumentarán”.
Un recorte con efectos desiguales
Para entender el malestar del sector agrario, hay que mirar de cerca la primera propuesta del marco financiero plurianual 2028-2034, presentada por la Comisión Europea. El plan asciende a 2 billones de euros, lo que representa el 1,26% de la renta nacional bruta de la UE —un incremento frente al 1,13% del periodo anterior—. Pero ese aumento no es neto, ya que incluye el reembolso de la deuda post-COVID, el efecto de la inflación y un notable refuerzo del gasto en defensa, que multiplica por cinco su presupuesto. El gran damnificado, en este nuevo reparto, es el campo. En concreto, la Política Agraria Común (PAC) perdería peso: su partida pasaría de 387.000 a 300.000 millones de euros. Para Cataluña, esto significaría una reducción de unos 60 millones anuales —un 20% menos de lo que actualmente reciben agricultores y ganaderos—, según estima la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC).
Hasta ahora, la PAC era una política común, diseñada en Bruselas pero gestionada por los Estados y, en el caso español, por las comunidades autónomas. Su estructura se basaba en dos pilares: ayudas directas por superficie y el fondo de desarrollo rural. La nueva propuesta cambia este modelo de raíz: elimina los dos pilares e integra todo en un único fondo nacional y regional.
Ese nuevo fondo, dotado con 856.000 millones de euros, incluirá partidas tan variadas como cohesión territorial, innovación, agroenergía o conectividad. Y aunque las ayudas directas quedarán blindadas, el fondo específico de desarrollo rural —clave para la modernización, digitalización o sostenibilidad del campo— desaparece como tal. ¿Su financiación? Dependerá de la capacidad de cada territorio para competir con proyectos dentro del nuevo fondo general.
“Dicen que no se perderán las ayudas al desarrollo, pero no lo tenemos tan claro”, advierte Bernis, ante el temor de que países con más músculo fiscal —como Alemania o los Países Bajos— logren proteger mejor a sus agricultores, dejando rezagados a otros Estados.
En el caso catalán, actualmente se reciben unos 300 millones de euros al año en ayudas de la PAC. La desaparición del fondo específico para desarrollo rural no supone una pérdida inmediata en ayudas a la renta, pero sí en recursos estratégicos. “Ahora tendremos que pelear con el Estado nuestras ayudas, y puede que la parte de Cataluña quede minorizada”, advierte Pié. “La experiencia nos dice que muchos de estos fondos acaban siendo utilizados por los gobiernos para otras cosas”, añaden fuentes del sector.
¿Quién saldrá más perjudicado?
“Los subsectores que más sufrirán con la desaparición del desarrollo rural son aquellos con menos margen y capacidad de adaptación: la ganadería extensiva, los cereales de secano y la viticultura tradicional”, alerta Bernis. “Estos modelos no pueden competir en un mercado global sin ayudas estructurales, porque tienen costes muy altos y un retorno muy bajo”. El problema no es solo económico, sino también territorial. “El cereal, el arroz, las zonas de montaña… han recibido históricamente ayudas que ahora están en riesgo. Si se rompen esos equilibrios, también se rompe la cohesión territorial”.
Las cooperativas, que aglutinan más de la mitad de los puestos de trabajo en el sector agrícola catalán, también podrían verse afectadas de forma indirecta. “Dependemos de nuestros socios. Si tienen dificultades por falta de apoyo público, eso impactará en la producción y, por tanto, en la viabilidad de la cooperativa”, señala el vicepresidente de la Federació. “No importamos materias primas de terceros países: transformamos lo que producen nuestros socios. Si ellos caen, nosotros también”.
La situación se suma a otras crisis ya existentes: la sequía, la falta de relevo generacional y una creciente incertidumbre estructural en el campo. Desde JARC recuerdan que, de las cerca de 47.000 explotaciones agrarias que hay en Cataluña, una de cada tres está en manos de una persona de más de 70 años. “Estamos perdiendo campesinos”, asegura Bernis. «En solo doce años, el número de trabajadores del campo en Europa ha pasado de 15 millones a 9,5 millones. Si la situación continúa así, nadie querrá seguir o iniciar una explotación agraria. Con estas condiciones, el mensaje que damos a los jóvenes es claramente disuasorio».
¿Y ahora qué?
El futuro de la PAC se jugará en una negociación que promete ser larga y compleja. La Comisión ha planteado un calendario de dos años para cerrar el acuerdo, y la Eurocámara ya ha dado un primer paso con la aprobación de un informe —liderado por la eurodiputada española Carmen Crespo— que defiende tanto el presupuesto como la autonomía de la PAC. España, junto a otros 19 países, ha reclamado mantener una política agraria fuerte, y el ministro Luis Planas ha rechazado abiertamente la propuesta actual. Las organizaciones agrarias, por su parte, ya han anunciado nuevas movilizaciones. «Estamos preparando una nueva oleada de movilizaciones, entre septiembre y octubre, de manera coordinada con otras entidades europeas. Hace falta una respuesta contundente del sector agrario europeo» aseguran desde JARC.
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