La que duró hasta el final del último ejercicio general del Estado, Álvaro García Ortiz pidió a la Corte Suprema anular la sentencia eso condenado por el delito de revelación de secretos. Por eso tuvo que dejar su puesto.

En un escrito de casi medio centenar de páginas al que tuvo acceso Antena 3 Noticias, el fiscal -que ejerce su defensa- presentó ante el Tribunal Superior un incidente de anulación de la sentencia, último recurso posible antes de poder recurrir al Tribunal Constitucional en busca de protección. En el documento, el Ministerio Fiscal solicita su anulación por «vulneración de derechos fundamentales» y solicita que «se devuelvan las actuaciones al momento procesal que corresponda».

García Ortiz considera que la sentencia “opta por una reinterpretación expansiva y sin precedentes” del delito de revelación de secretos lo que «lleva a penalizar incluso la mención de datos confidenciales en un comunicado de prensa oficial», independientemente de que éstos «ya estuvieran en el centro del debate mediático».

Denuncia un “efecto evidente de intimidación”

El ex fiscal general considera que esto sienta un precedente preocupante para escenarios similares en el futuro, cuando el Ministerio Público se vea obligado a desmentir bulos: «Semejante construcción doctrinal implica, en la práctica, un secuestro y silenciamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente hagan declaraciones o negaciones institucionales cuando la institución está bajo un ataque grave”, decía la carta.

Todo esto tiene el efecto de “vaciar de contenido” una de las funciones del fiscal: informar a los ciudadanos. Y además genera lo que llama “un claro efecto disuasorio” en términos repetidamente criticados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hace unos días, la propia fiscalía también presentó un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo. Además, La Inspección de Hacienda ha dado luz verde a la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera impuesto. Las lagunas en la legislación y la falta de precedentes dejaron abierta la cuestión de si podría continuar ejerciendo como fiscal después de la sentencia de dos años de inhabilitación como máximo representante del ministerio público. Finalmente podrá reincorporarse al propio Tribunal Supremo, como fiscal de la Sala de lo Social.

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