El PSOE afronta el inicio de un año electoral decisivo con el convencimiento de que el voto ya no es suficiente para frenar el cambio de era que se avecina. Con cuatro elecciones autonómicas, incluidas las de Extremadura, en territorios que concentran más de la mitad del mapa nacional y cerca de un tercio de la población, y con una presión permanente para un adelanto de las generales, en las filas socialistas se encomiendan a la Justicia -y no a las urnas, donde dan por hecha la debacle- para evitar la candidatura de Sánchez en las próximas generales y anticipar un proceso de refundación que contenga los daños de esta etapa.

La evolución del calendario judicial este año pinta un panorama oscuro que fomenta la idea de que son los jueces, y no las derrotas electorales, los que aceleran el anunciado fin del sanchismo. Esta idea oficial de que la corrupción no les frena, y que incluso pueden convertirla en un impulso a su favor desde el victimismo, ya no convence a muchos, sobre todo a quienes están haciendo un seguimiento más detallado del camino judicial de los casos abiertos y que, además, tienen más conocimientos jurídicos.

Los primeros signos del ciclo no podrían haber sido más claros. Primero fue Andalucía, y luego Extremadura, dos de los bastiones históricos del socialismo han dejado de serlo, y lo han hecho con un patrón que va más allá de la coyuntura. El partido paga el desgaste acumulado de la era Sánchez y asiste a un traslado de votos que no se explica sólo por la movilización de la derecha, sino por una profunda pérdida de arraigo sociológico.

En Extremadura, el resultado del 21-D ha sido valorado incluso por dirigentes socialistas como una derrota absoluta. La derecha ganó con una ventaja abrumadora y el PSOE perdió la mitad de sus votantes en sólo dos años. El hecho más relevante no es sólo la victoria del PP, sino la confirmación de que el bloque conservador domina claramente una comunidad tradicionalmente bipartidista con votos moderados. Vox también duplicó su apoyo, certificando que su crecimiento no es episódico. El mensaje fue inequívoco: el electorado que sostuvo la hegemonía socialista durante décadas ya no está dispuesto a hacerlo.

Este resultado ha activado una lectura que se repite en Ferraz: cuando un partido entra en una fase de declive, su base electoral envejece, se refugia en entornos menos dinámicos y pierde tracción urbana y juvenil. Es un proceso que ya vivieron el PSOE de Felipe González y el PP tras sus amplias mayorías, y que ahora se vuelve a reproducir.

La siguiente estación es Aragón, convertida en banco de pruebas de la estrategia de enviar ministros como candidatos autonómicos. Pilar Alegría encarna esa apuesta y, al mismo tiempo, sus riesgos.

Las primeras medias de las encuestas tras la convocatoria pintan un escenario adverso para los socialistas: sólido crecimiento del PP y Vox, el desplome del PSOE hasta mínimos históricos y, además, la desaparición del PAR, un partido histórico fundamental. Aún con la fragmentación del sistema regional, todo indica que Jorge Azcón revalidará la presidencia sin excesivas dificultades, ya sea mediante acuerdos explícitos o abstenciones tácticas.

En el PSOE ya se da por sentado que Aragón puede convertirse en la primera factura política del paracaídas ministerial. Y no sería el último. En la dirección del partido se da por sentado que, de continuar el ciclo, otras figuras del Gobierno seguirán el mismo camino, con un coste político que hoy intentan amortiguar, pero que, en realidad, se verá agravado por lo que venga del ámbito judicial.

Donde menos incógnitas hay es en Castilla y León. El PP gobierna la comunidad de forma ininterrumpida desde 1987 y, salvo sorpresa importante, ampliará ese récord tras la próxima convocatoria. Aunque todavía está lejos de la mayoría absoluta, la fuerza de Vox impide cualquier gobierno alternativo. La suma de la derecha supera holgadamente el 50% de los votos y escaños, lo que convierte las elecciones en un procedimiento político más que en una contienda abierta.

Siempre bajo la injerencia que pueda generar Vox en la negociación de acuerdos postelectorales para condicionar, siempre que las encuestas lo permitan, futuros gobiernos regionales.

Por cierto, la resistencia de Sánchez a dar un paso al costado, e incluso la interpretación de que da por perdidas las próximas elecciones autonómicas, y que lo que hace es blindarse de las generales, explica que dentro del partido hayan trasladado su esperanza estratégica fuera del campo de las urnas. En un contexto en el que las encuestas no ofrecen consuelo y los territorios se le escapan, la expectativa de una decisión judicial que impida la candidatura de Sánchez se ha convertido en el último dique contra un cambio de ciclo que el partido ya no se ve capaz de revertir por sí solo.

Aunque algunos sectores han restado relevancia al movimiento del exconseller Jordi Sevilla, hay que estar atentos a lo que vendrá tras la presentación de su manifiesto –el día 12–, que se desplegará no sin antes testear el partido para ver las posibilidades, no sólo de dar relevancia al texto por parte de los firmantes, sino también de continuidad con posteriores actos de presión para que la visualización del movimiento crítico con Sánchez cobre importancia. Su bomba de oxígeno serán las continuas derrotas electorales que les esperan en el primer semestre del año.

Quienes están detrás de este manifiesto no esperan un apoyo inicial masivo. Saben que cualquier movimiento público se enfrentará a represalias internas y que los firmantes serán tildados de traidores por el partido gobernante. Este diagnóstico explica por qué la movilización será con pasos calculados y «progresivos». No buscarán un enfrentamiento directo inicial, sino la construcción de un espacio alternativo en el mediano plazo. Entre bastidores, este movimiento es consciente de que necesita una «bandera», y que los tiempos alientan que esa «bandera» sea precisamente una mujer. «Lo estamos buscando», comentan, cuando se les pregunta. «Pero no es tan fácil, han dejado el partido vacío. Y, además, tienen que querer».

Detrás de ellos hay dirigentes de peso interno, que desempeñaron importantes responsabilidades y que sufrieron represalias tras las primarias, que ascendieron a Pedro Sánchez, por no estar en el mismo bando.

La disidencia con el sanchismo quiere recuperar la conexión con la sociedad civil. Y vuelve a abrir el juego a la gente. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya lo anunció en una entrevista a LA RAZÓN: «El PSOE debe ser del pueblo, no de sus dirigentes». El sanchismo, sin embargo, pretende mantener al partido prisionero de la militancia, escudo de Sánchez.