FILTRACIÓN RTVE | RTVE oculta el gasto público que ha supuesto la filtración del examen de oposición y evita informar sobre la investigación
La actual dirección de RTVE oculta el coste para las arcas públicas que supuso la filtración del examen de oposición que el pasado 29 de septiembre obligó a cancelar la prueba y a fijar una nueva convocatoria, que se celebró el pasado 2 de noviembre. Un mes y medio después de los hechos, la dirección de la todavía presidenta interina, Concepción Cascajosa, se niega a facilitar nueva información sobre los hechos, rechazando también cuantificar el gasto público que ha supuesto la nueva convocatoria del examen, en cuanto a conceptos fijos como el alquiler de los distintos recintos universitarios para realizar la prueba, la contratación de personal de seguridad o servicio de reprografía, o el gasto en dietas de miembros del nuevo tribunal, constituido después del escándalo. Todo ello sin tener en cuenta del coste que recaerá sobre RTVE por las reclamaciones de los opositores afectados, que ya han solicitado cerca de 400 solicitudes por los gastos de viajes y hoteles en que incurrieron para realizar el examen, que fue suspendido apenas unos minutos antes de que comenzase.
La opacidad sobre lo ocurrido por parte de la corporación es a día de hoy total, y sólo se ha conocido la implicación de dos miembros de UGT en el escándalo a través de la prensa. El primero en conocerse fue Julián Pérez Olmos, el miembro del tribunal designado por UGT que fue quien creó el documento que después se filtró a ciertos aspirantes de la oposición. Sólo después de que este medio de comunicación publicara el documento filtrado y se diera a conocer su autoría, RTVE anunció la apertura de un expediente disciplinario contra él, sin que se haya traducido a día de hoy en sanción alguna. Este primer señalado continúa percibiendo un sueldo público, al igual que el segundo implicado por parte del sindicato mayoritario: otro miembro de UGT que fue detenido en su domicilio en Madrid, tal como también avanzaron los medios de PRENSA IBÉRICA, al que pertenece este medio.
Se da la circunstancia de que la todavía presidenta interina pertenece al mismo sindicato que los implicados, al igual que distintos miembros del área de Recursos Humanos que dirigen la investigación interna, a día de hoy paralizada. Algo que ha despertado fuertes recelos a nivel interno, donde existe la sospecha de que RTVE trata de dejar morir el asunto sin depurar responsabilidades, y con críticas a la dirección por su «connivencia» con el sindicato mayoritario de la empresa.
Preguntas sin contestar
RTVE, en su condición de corporación pública, está sometida, sobre el papel, al control parlamentario. Tras el escándalo de las filtraciones, distintos diputados de la oposición plantearon a la directora de RTVE cerca de una treintena de preguntas sobre lo ocurrido, así como sus previsiones respecto a actuaciones o balance del coste económico que tendría para la empresa. Unas peticiones de la información que han sido repelidas por la corporación.
En total, se presentaron 26 preguntas relacionadas con el escándalo de las filtraciones, y todas las respuestas parlamentarias firmadas por Cascajosa, salvo dos, la corporación rechaza dar nuevas explicaciones sobre el episodio, remitiéndose a la comparecencia que ofreció la presienta interina hace más de un mes, el pasado 17 de octubre. «Señoría, en mi comparecencia urgente del pasado 17 de octubre respondí ampliamente sobre todo lo relacionado con el proceso de oposiciones en la CRTVE. También, sobre lo ocurrido el pasado 29 de septiembre en la prueba suspendida de Informador- Contenidos», es la respuesta tipo que Cascajosa ha firmado en 24 de las preguntas.
Entre ellas, en la cuestión planteada por el PP donde pedía una «cuantificación del perjuicio económico que supondrá para la Corporación la suspensión del examen de oposición a informador», por la incursión en todos los gastos que supone la convocatoria, además de las compensaciones que han ido solicitando los opositores que han reclamado gastos de viajes y desplazamientos. Unos gastos que a mediados de octubre se elevaban hasta los 42.000 euros por 368 solicitudes, aunque la cifra podría haber aumentado desde entonces.
En su comparecencia del 17 de octubre en el Congreso, la presidenta interina tampoco ofreció ninguna novedad sobre el escándalo más allá de lo entonces publicado. Desde entonces, hace más de un mes, no existe información oficial por parte de Radiotelevisión española, que en otras respuestas parlamentarias asegura haber actuado con «transparencia» y «responsabilidad».
Los asuntos sobre los que se preguntaron por la vía parlamentaria sobre las filtraciones son variados, y van desde los «fallos detectados» que permitieron las filtraciones, la «responsabilidad» de la dirección en la crisis producida por el escándalo, «las personas que pudieron conocer las preguntas del examen», hasta el impacto del modo en que se anunció la suspensión de la prueba -con el director de Recursos Humanos anunciándolo desde una ventana del recinto universitario- o las «garantías de seguridad adicionales previstas para evitar que se repita la filtración», además de cuestiones relativas al estado de la investigación interna. Ninguna de estas cuestiones fue atendida.
RTVE defiende la «mejora reputacional»
De las 26 totales, RTVE sólo varió su respuesta en dos de ellas. En una, se preguntaba por si se conocía la autoría de la filtración. Una cuestión a la que la corporación se limitaba a reproducir el comunicado que ya publicó el pasado 17 de octubre en el que anunciaba la apertura de un expediente al miembro del tribunal designado por UGT, tras conocerse a través de los medios que fue el autor del documento filtrado.
Más llamativa es la segunda de las cuestiones, donde se preguntaba a la empresa pública sobre el impacto reputacional que podía tener el escándalo de las filtraciones del examen y su gestión. En su respuesta parlamentaria, la dirección de RTVE saca pecho de su «responsabilidad» al haber suspendido la prueba «a fin de preservar bienes superiores como son la transparencia». En este sentido, la corporación asegura que «a largo plazo», sus acciones en este asunto «revertirán en el aumento de los niveles reputacionales de la CRTVE».
«La decisión de suspender estas pruebas es un ejercicio de máxima responsabilidad que será reconocido en el tiempo al igual que todo el conjunto de medidas que se están afianzando para potenciar la seguridad de estos procesos selectivos. Medidas que repercutirán favorablemente en la imagen de la Corporación, así como en la objetividad y credibilidad de los contenidos informativos y de entretenimiento de RTVE», defiende la corporación.
Dirección saliente
El mandato de Cascajosa se encuentra en la recta final, con la previsión de que la última semana de noviembre el Congreso de los Diputados elija a José Pablo López como nuevo presidente de la corporación. La semana pasada el Gobierno y sus socios eligieron en segunda votación a los 11 consejeros que les corresponde a la Cámara Baja, y esta semana el PP elegirá a sus cuatro consejeros en el Senado.
[–>
Una vez completada la elección de los 15 nuevos miembros y de su presidente, quedará constituido el nuevo Consejo de Administración, y será la nueva dirección la que tome las riendas de la investigación. Está por ver si hay un cambio en la actual estrategia de la corporación y si se dan pasos para esclarecer lo ocurrido.
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí