El 1 de enero debería haber entrado en vigor la directiva de obligado cumplimiento que libera a los países de cobrar el IVA a los autónomos con bajos ingresos, que la norma permitiría fijar en 85.000 euros al año, cantidad defendida por ATA. Pero el incumplimiento ha dejado a España en desventaja competitiva con nuestros vecinos europeos, teniendo en cuenta que es el único país que no ha aplicado esta directiva «violando así los principios de eficacia, no discriminación, proporcionalidad, seguridad jurídica«, la competencia leal y la libertad de establecimiento del Derecho de la Unión Europea», afirma el empresario.

Hasta la justicia europea

En la denuncia, fechada el 12 de diciembre, la mayor asociación de autónomos recuerda que la Comisión Europea solicitó formalmente en enero que nuestro país aplicara la directriz comunitaria y que, ante la negativa, envió al Ejecutivo un dictamen motivado el 18 de julioen el que le insté a adaptar nuestra legislación, bajo la advertencia de llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No ha habido respuesta del Tesoro y nada ha cambiado desde entonces, excepto que hay una procedimiento sancionador en curso.

Como justificación de su rechazo, Hacienda ha argumentado que España ya tiene regímenes especiales que impiden adaptar la legislación nacional a la directiva. Desde ATA denuncian, sin embargo, que el departamento que dirige María Jesús Montero «mantiene regímenes especiales como el régimen simplificado o el recargo de equivalencia, que son de aplicación muy restrictivasectoriales y no son en modo alguno equivalentes al régimen de franquicia armonizado. Considera que, en consecuencia, «la gran mayoría de autónomos y pequeñas empresas en España están obligados a cobrar el IVA desde el primer euro de facturación».

«El mayor carga fiscal y burocrática en España puede disuadir a pequeños operadores de otros Estados miembros de establecerse en el país. Asimismo, distorsiona la competencia, ya que los autónomos españoles compiten en un campo de juego desigual respecto a sus homólogos europeos», argumenta la patronal en su denuncia. Recuerda que la «inacción» del legislador español hace que la mayoría de los trabajadores autónomos en España no puedan beneficiarse de ningún régimen real de simplificación del IVA, «obligados a cumplir las mismas obligaciones formales que las grandes corporaciones», y que esta situación «genera una discriminación injustificada».

La organización de autónomos cita la discriminación sectorial; Pone el ejemplo de un autónomo en una actividad tradicional como la hostelería y explica que en este caso no puede beneficiarse del sistema de módulos, mientras que un profesional liberal o del sector digital -un abogado o un consultor de marketing- queda excluido y soporta una carga burocrática desproporcionada, aunque facture mucho menos. También se refiere a la discriminación en forma jurídica. Así, explica que un trabajador autónomo puede, si su actividad está en la lista, beneficiarse de un régimen simplificado, pero si constituye una sociedad limitada para proteger su patrimonio, queda automáticamente excluido, «penalizando una práctica empresarial básica».

El ‘contrato’ de Feijóo

La negativa del Ejecutivo a implementar estas modificaciones fiscales también ha saltado a la arena política. Entre las medidas incluidas en el «contrato» Con los autónomos del Partido Popular lanza esta franquicia del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año, tal y como defiende la organización Amor. En la presentación de este plan Alberto Núñez Feijóo Señaló que esto «supondrá una desgravación fiscal, porque un autónomo no es un cajero automático para el Estado».

«La falta de previsión legal sobre un umbral de exención y la falta de procedimientos de control y registro adaptados a la aplicación de la devolución y liquidación del IVA son dos de los principales obstáculos que llevan a los autónomos a vivir con un inseguridad legislativa que se ha instalado en nuestra vida diaria. «Son obstáculos y más obstáculos», afirmó este lunes. lorenzo amor en un evento organizado por Ep en Jerez.

ATA exige modificar la regla del IVA para regular un régimen de franquicia, además de establecer un umbral de exención «generoso», que lo sitúa en 85.000 autorizados, en línea con el resto de países. También afirma una procedimiento de acogida voluntaria y simplificó y adaptó los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria y las obligaciones formales «a la nueva realidad de los contribuyentes exentos».

Por todo ello, la organización solicita a la Comisión que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones incluidas en la Directiva 2006/112/CE, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2020/285, al no haber adoptado a tiempo las disposiciones necesarias para su transposición. También le pide que continúe con el procedimiento de infracción ya iniciado y que, de persistir el incumplimiento, interponga el correspondiente recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por último, pide a la autoridad comunitaria que inste al Gobierno a adoptar, «sin más demora», las medidas legislativas necesarias para establecer un régimen de exención del IVA.