Los trabajadores del Barcelona Supercomputing Center irán a juicio para reclamar seis días de asuntos propios
Los 1.300 trabajadores del Barcelona Supercomputing Center (BSC), uno de los grandes focos de innovación tecnológica de Catalunya, irán a juicio contra la dirección del consorcio para reclamarles que les reconozcan seis días de asuntos propios, como ya disfrutan de ellos otros empleados de organismos públicos. El juzgado de lo social número 24 de Barcelona ya ha aceptado a trámite la demanda y citado a las partes el próximo 16 de septiembre para zanjar el litigio, según documentación a la que ha podido acceder EL PERIÓDICO.
El Barcelona Supercomputing Center es una entidad publica, coparticipada por el Ministero de Economía, la Generalitat de Catalunya y la UPC, y con una plantilla de 1.300 empleados. En su calidad de consorcio público, las condiciones laborales de su plantilla se rigen por la normativa vigente para los empleados de la Administración General del Estado (AGE), en virtud de una resolución aprobada en 2019. Estos tienen reconocida una jornada laboral de 37,5 horas semanales, además de una bolsa de horas de libre disposición equivalente al 5% de la jornada anual. Lo que equivale, según cálculos sindicales, a esos seis días de asuntos propios.
El problema para los empleados del BSC es que desde 2023 la dirección les reconoce la jornada de 37,5 horas semanales, pero no la bolsa de horas. Ya el reconocimiento de las 37,5 horas semanales en los consorcios públicos, que en toda España emplean a miles de personas, fue origen de litigiosidad. En enero de 2023, este medio ya adelantó una sentencia pionera que reconocía, tras años de discusión, esta posibilidad a los trabajadores del Sincrotrón Alba, otro centro público de innovación tecnológica, ubicado este en Cerdanyola. En su momento la dirección se negó a aplicar la reducción de jornada y finalmente tuvo que acatar la sentencia.
Los trabajadores del BSC han cogido la misma senda para hacer valer lo que consideran que les correspondería por ley. Su reivindicación ya la conocen de primera mano políticos de la talla del president Salvador Illa, la ministra de ciencia Diana Morant o el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Y es que la plantilla del BSC lleva tiempo pugnando por equiparar sus condiciones laborales a la de otros consorcios públicos de estructura similar y han aprovechado anteriores visitas de figuras políticas para trasladarselas. «Cada mes y medio tenemos un desembarco de autoridades», apuntan fuentes sindicales de la CGT, el sindicato que ostenta el 100% de representación del comité de empresa del BSC.
«Las reclamaciones presentadas por la CGT se corresponden con la aplicación de normativas estatales que implican cambios en condiciones laborales diversas, como son los horarios obligatorios de trabajo, días de libre disposición y otras condiciones. El BSC está siguiendo los procedimientos habituales y necesarios en estos casos, haciendo las correspondientes consultas legales para su autorización y aplicación, y está pendiente de respuesta. Durante todo este proceso el BSC está manteniendo puntualmente informado al comité de empresa, con una comunicación abierta y bidireccional, haciendo ejercicio de transparencia con el fin de velar por el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras», afirman fuentes consultadas de la dirección del BSC.
Informe favorable de la Abogacía del Estado
No obstante, «y pese a que siempre se les llena la boca de buenas palabras», según replican fuentes de la CGT, por el momento no ha habido movimientos en ese sentido. Los trabajadores tienen a su favor un informe de la abogacía del Estado, al que ha podido acceder este medio. «Esta Abogacía del Estado considera que, salvo mejor criterio, debe entenderse que la Resolución de 28 de febrero de 2019 resulta aplicable al mismo». No obstante, también matiza que «las restantes medidas, que no se encuentran expresamente contempladas en la LPGE 2018, pero sí en la Resolución de 28 de febrero de 2019, serán eficaces desde la autorización del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 Tres de la LPGE 2023», según la resolución firmada por la abogada del Estado Carmen Casas Gómez.
El estrés y el agotamiento inducen a más personal a buscar mejores condiciones en otros lugares
Es decir, que los empleados tienen derecho, pero el Ministerio de Hacienda, en tanto que habilitar esos días tendría un impacto presupuestario sobre recursos públicos, debe autorizarlo. Y, por el momento, no lo ha hecho. Desde el comité de empresa reivindican unas mejores condiciones laborales para poder captar investigadores y competir con otras instituciones, públicas y privadas, que pugnan por quedarse con los mejores profesionales. «El estrés y el agotamiento inducen a más personal a buscar mejores condiciones en otros lugares», se quejan desde la CGT. Lo que, en su opinión, resta capacidad al BSC para aportar todo el saber y conocimiento a la sociedad que podría aportar.
Suscríbete para continuar leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí