La justificación dada para adoptar esta medida, basada en la necesaria transposición de la Directiva (UE) 2023/2225, es una falacia. El nuevo marco europeo busca reforzar la protección del consumidor, pero en ningún caso impone de forma estricta la fijación de límites máximos a los tipos de interés como mecanismo obligatorio para los Estados miembros.

Desde la perspectiva de la teoría económica, la imposición de límites a los intereses es una medida regresiva que, lejos de aliviar el sobreendeudamiento, tiende a exacerbar la exclusión financiera y distorsionar las señales de riesgo esenciales para la estabilidad y transparencia del sistema.

Cuando el regulador establece un techo artificial por debajo del equilibrio del mercado, se produce una ruptura inmediata en el mecanismo de asignación de recursos. Las entidades financieras, ante un precio máximo que no cubre el riesgo de impago de los perfiles más vulnerables o de menores ingresos, Reaccionan racionalmente racionando el crédito.

El resultado es una exclusión sistemática de aquellos ciudadanos con ingresos más bajos o historiales crediticios menos sólidos, precisamente el grupo que la norma pretende proteger. Esta dinámica ha quedado fehacientemente demostrada en países como Francia, donde su sistema de «taux de l’usure«ha generado episodios recurrentes de parálisis crediticia. Cuando las tasas de mercado suben más rápido que el límite administrativo, El acceso está bloqueado incluso a perfiles solventes, ampliando la brecha de desigualdad financiera.

La imposición de límites asfixia estos modelos de negocio disruptivos y reduce la competencia, lo que se traduce, a largo plazo, en una menor calidad del servicio y en la aparición de estrategias compensatorias.

La experiencia comparada sugiere que los controles no eliminan la necesidad de financiamiento de las familias, sino que más bien las empujan hacia circuitos informales u opacos donde ocurren condiciones de usura real.

Pero el daño no se limita al suministro; La demanda también sufre graves distorsiones. El tipo de interés cumple una función informativa vital en cualquier economía: alerta al consumidor sobre el coste real y peligrosidad de la operación.

Una tasa de interés alta es una señal de que el mercado percibe una alta probabilidad de incumplimiento o fragilidad estructural en la posición financiera del solicitante. Al aplanar artificialmente estas tarifas para homogeneizarlas, el regulador destruye la señal de alarma. El usuario, al percibir el crédito como «barato», puede verse tentado a solicitar préstamos mayores de lo necesario o a aceptar plazos de amortización excesivamente largos para reducir el pago mensual.

Esto conduce a una trampa de deuda en la que el principal apenas se amortiza mientras que los intereses, aunque limitados por ley, se acumulan en los balances de las familias. Así, la medida diseñada para combatir el sobreendeudamiento acaba cronificándolo, convirtiendo los préstamos temporales en cargas vitalicias.

Además, la rigidez de los precios desalienta la innovación y la competencia en el sector financiero. En la última década, las fintech y las nuevas entidades de crédito digitales han basado su modelo de negocio en la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos para ofrecer crédito a segmentos que la banca tradicional ignoraba.

Estos modelos suelen operar con tipos de interés más elevados debido al alto riesgo asumido y a la falta de garantías por parte de los prestatarios. La imposición de límites asfixia estos modelos de negocio disruptivos y reduce la competencia, lo que se traduce, a largo plazo, en una menor calidad del servicio y en la aparición de estrategias compensatorias, como altas comisiones de apertura o la imposición de productos vinculados obligatorios con los que las entidades intentan recuperar el margen de beneficio perdido.

Un impacto especialmente grave, ignorado por el Ministerio, es el que se produciría sobre las pymes y los autónomos. En España, una parte importante de ellos recurre a préstamos personales o de consumo para financiar necesidades urgentes de capital circulante, pequeñas inversiones iniciales o la compra de herramientas ante las barreras burocráticas del crédito corporativo tradicional.

Cuando el tipo de interés sube se produce un «efecto de expulsión» que incide directamente en la supervivencia de estos negocios en sus fases más críticas. Si una entidad no puede traspasar el riesgo específico de una microempresa no garantizada a la tasa de interés debido al techo legal, simplemente negará la póliza. Esto frena la inversión, la creación de empleo y reduce la resiliencia del tejido empresarial ante tensiones temporales de liquidez, agravando el riesgo de quiebra técnica por falta de liquidez en proyectos que, con una financiación adecuada a su perfil de riesgo, serían perfectamente viables en el largo plazo.

En conclusión, la medida anunciada por el Ministerio de Economía es un error de diagnóstico que producirá efectos contrarios a los pretendidos. Representa una retirada hacia políticas intervencionistas que ignoran las lecciones de la historia económica y la complejidad de los mercados financieros modernos.

Al limitar el precio del crédito basándose en una lectura sesgada de la normativa europea, se destruye el termómetro del riesgo, se fomenta indirectamente la economía sumergida y Los sectores más desfavorecidos y los pequeños empresarios se ven privados de acceso a financiación legal, supervisado y regulado.